La expansión del crimen organizado se registra en las ciudades de las regiones del sur del país. El último reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia del BCP advierte que delitos como la extorsión, el sicariato y los préstamos ilegales están en aumento, en un contexto marcado por la presencia de economías ilícitas como la minería informal.
De acuerdo al quinto estudio, la extorsión muestra un crecimiento significativo en el sur, pasando de 12% en 2024 a 17% en 2025. Este incremento estaría acompañado por la proliferación del sistema de préstamos conocido como “gota a gota”, utilizado como mecanismo de financiamiento dentro de estructuras criminales.
El informe señala que estas redes delictivas no operan de forma aislada. En territorios donde se desarrolla la minería ilegal, también se consolidan prácticas como el cobro de cupos, el control de zonas y el uso de la violencia para asegurar pagos, lo que incluye la participación de sicarios.
Las cifras de homicidios reflejan esta problemática. En 2025 se registraron 1,826 asesinatos a nivel nacional, en su mayoría con armas de fuego. En el sur, destacan los casos de Puno con 90 víctimas y Arequipa con 67.
A nivel distrital, los mayores registros se concentran en zonas vinculadas a actividades ilegales. Es el caso de Ananea, con 31 homicidios; Juliaca, con 26; Puerto Maldonado, con 23; y Cerro Colorado en Arequipa con 12.
Aunque Lima y la costa norte continúan liderando las estadísticas nacionales, el documento advierte que el sur muestra un patrón preocupante: el delito no solo crece, sino que se expande rápidamente y se inserta en la dinámica social de los distritos.
Otro aspecto crítico es la limitada capacidad de respuesta frente a estos delitos. Pese al incremento de denuncias por extorsión, no se ha registrado un aumento proporcional en las sanciones, lo que evidencia un escenario de alta impunidad. A ello se suman las dificultades que enfrenta la Policía, como la falta de recursos y tecnología.
El informe concluye que el avance de economías ilegales está reconfigurando el mapa del crimen en el país, generando redes que combinan financiamiento ilícito, violencia y control territorial, con efectos cada vez más visibles en el sur.
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