La Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) convocó a los docentes cesantes de la región que dejaron el servicio entre 1976 y 2026 a presentar documentación y actualizar sus datos personales para acceder a los beneficios contemplados en la Ley N.° 32581, norma que busca mejorar las pensiones de los maestros jubilados y cesantes del país.
Según el comunicado de la Gerencia, los profesores comprendidos en las leyes del profesorado y de la Carrera Pública Magisterial deberán presentar, hasta el próximo 26 de noviembre, diversos documentos que permitan verificar su situación laboral y agilizar la implementación de la nueva disposición.
Entre los requisitos figuran las resoluciones de nombramiento, reasignación y cese, además de una declaración jurada con información como DNI, número de teléfono, región y UGEL donde se produjo el cese, régimen laboral y nivel educativo en el que laboró el docente.

La actualización de información forma parte del proceso que permitirá identificar a los potenciales beneficiarios de la Ley N.° 32581, una norma promulgada este año que establece que las pensiones de los maestros jubilados y cesantes del Perú sean equivalentes a una Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la Primera Escala Magisterial, una demanda que durante años fue impulsada por organizaciones de docentes retirados.
La GREA precisó que el llamado no incluye a docentes fallecidos, beneficiarios de pensiones de sobrevivencia, auxiliares de educación, trabajadores administrativos sujetos al Decreto Legislativo 276 ni a quienes cesaron en instituciones de educación superior pedagógica o tecnológica.
Los documentos podrán ser entregados de manera presencial o virtual a través de la mesa de partes de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa.
Cae recordar que la Ley N.° 32581 tiene como finalidad garantizar mejores condiciones económicas para los docentes jubilados y cesantes. La norma dispone que sus pensiones se equiparen a una Remuneración Íntegra Mensual de la Primera Escala Magisterial, con el objetivo de reducir las brechas existentes entre los ingresos de maestros en actividad y aquellos que concluyeron su carrera profesional.
La aplicación de esta ley requiere que las autoridades educativas identifiquen y acrediten a los beneficiarios, por lo que la actualización de datos es necesaria.





