Los recursos que reciben las municipalidades y gobiernos regionales por concepto de canon y regalías mineras se convirtieron en las principales fuentes de financiamiento para obras y proyectos públicos en distintas regiones del país. Sin estos ingresos provenientes de la actividad extractiva, muchas autoridades locales tendrían dificultades para ejecutar inversiones en infraestructura, salud, educación y servicios básicos.
De acuerdo con un estudio elaborado por la consultora Videnza, en algunas regiones del país hasta el 70 % de su presupuesto depende de los recursos generados por la minería, lo que demuestra el alto nivel de dependencia económica de las municipalidades respecto a este sector.
El informe señala que, durante los últimos 15 años, las regiones mineras recibieron aproximadamente 64 mil millones de soles por transferencias vinculadas al canon y regalías. Solo en 2025, la región de Arequipa obtuvo más de 1,500 millones de soles provenientes de la actividad minera.
En tanto, durante los primeros meses de 2026, según Rumbo Minero, Arequipa recibió 376 millones de soles por canon minero, regalías y otros derechos relacionados con la explotación de minerales. Esta cifra forma parte de los 3,057 millones de soles transferidos a nivel nacional por estos conceptos. En el ranking nacional, Arequipa ocupa el segundo lugar entre las regiones con mayores transferencias, solo por detrás de Áncash, que recibió 621 millones de soles.
Otra de las regiones más beneficiadas es Cusco, que durante 2025 superó los 3 mil millones de soles en ingresos vinculados a la minería. Sin embargo, el estudio advierte que esta fuerte dependencia también representa un riesgo económico, debido a que los ingresos pueden verse afectados por la caída de los precios internacionales de los minerales.
El análisis también pone en evidencia problemas relacionados con la capacidad de gestión de los gobiernos locales y regionales. Según el informe, muchas municipalidades presentan bajos niveles de ejecución presupuestal y destinan los recursos a proyectos que no necesariamente ayudan a reducir las brechas en salud, educación o acceso a servicios básicos.
Incluso, se estima que las municipalidades solo logran ejecutar alrededor del 58 % de los recursos provenientes del canon minero, lo que refleja dificultades en la planificación y uso eficiente de estos fondos públicos.
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