La minería ilegal e informal amplía su presencia en el sur del Perú y comienza a consolidar nuevos focos de extracción en Cusco y Apurímac. El avance ya no se limita a la explotación de oro: también involucra otros minerales y una cadena de actividades que incluye el procesamiento y la comercialización.
En Cusco, las autoridades detectaron actividades de explotación en Paucartambo, en el cauce del río Pumachaca; Camanti, en la provincia de Quispicanchi, y Colquemarca, en Chumbivilcas. En Apurímac, uno de los puntos de preocupación es Aymaraes, donde se identificaron trabajos a tajo abierto sin autorización ni plan de manejo ambiental.
Los registros policiales reportaron 21 casos vinculados a presunta minería ilegal en Aymaraes entre enero de 2024 y mayo de 2026. La cifra muestra que el problema no se reduce a hechos aislados, aunque por sí sola no permite determinar cuántas operaciones continúan activas.
Para el analista Iván Arenas, el país atraviesa una expansión territorial de esta actividad, acompañada por la formación de nuevos corredores ilegales. La presencia de distintos recursos minerales y las ganancias que genera su explotación favorecen este desplazamiento.
El fenómeno también alcanza otras zonas del país. En el norte, Cajamarca se ha convertido en un nuevo foco de preocupación, con actividades identificadas en Cajabamba, Hualgayoc y San Ignacio. Durante 2025, las autoridades realizaron más de 200 intervenciones contra la minería ilegal en esa región.
Piura también registra actividad en varias localidades. En marzo pasado, la Fiscalía intervino en el distrito de Suyo, en Ayabaca, donde destruyó ocho molinos, seis motores diésel, tres motobombas y pozas utilizadas para procesar material aurífero.
UN NEGOCIO QUE VA MÁS ALLÁ DE LA EXTRACCIÓN
La expansión de la minería ilegal no se explica únicamente por la presencia de yacimientos. Detrás de las operaciones también hay financiamiento, procesamiento y compradores que permiten que el mineral llegue al mercado.
Arenas sostiene que estas actividades pueden funcionar como cadenas productivas organizadas, en las que cada participante cumple una tarea. Según el analista, algunas redes incluyen plantas de procesamiento y operadores que facilitan el movimiento de las ganancias.
El especialista también advierte sobre la posible participación de funcionarios y operadores vinculados a actos de corrupción, un factor que, según señala, se repite en distintos corredores. Como ejemplo, menciona el caso de la organización criminal conocida como “Gran FA”, en Otuzco, cuyos integrantes, según su análisis, incluían policías y jueces.
Esta estructura representa un riesgo para el control de la actividad minera y puede generar amenazas para proyectos formales, como los de Pataz, Fuerabamba y Tapairihua. Sin embargo, el funcionamiento de cada corredor presenta diferencias según el mineral explotado, los actores involucrados y las formas de financiamiento.
LA EXPANSIÓN EN LA AMAZONÍA
El avance de la minería ilegal no se concentra en la cordillera. En Loreto, el uso de dragas para extraer oro de los ríos muestra otra dimensión del problema.
Un reporte de MAAP identificó 1.518 registros históricos de dragas entre 2017 y 2026. De ese total, 704 corresponden a 2025 y 2026, lo que representa el 46 % de los registros acumulados en el periodo analizado. La actividad alcanza 13 ríos amazónicos, entre ellos el Nanay, Marañón, Tigre, Mazán, Napo y Putumayo.
Huánuco también presenta focos de minería ilegal en Puerto Inca, en el sector Samiri-Paucarcito y en el río Pachitea. Amazonas, por su parte, registra señales de expansión de esta actividad.
Para Arenas, la geología y el atractivo económico de la minería ayudan a explicar el avance en Cusco y Apurímac. Ambas regiones cuentan con importantes recursos minerales, mientras que la expectativa de obtener ganancias rápidas alimenta el interés por ingresar a esta actividad.
El analista resume este escenario como una “fiebre por hacerse rico”, favorecida, a su juicio, por un Estado desorganizado. Advierte que, mientras la extracción encuentre financiamiento y compradores, los operativos en las zonas de explotación no necesariamente impedirán que la actividad se traslade a otros territorios.
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