Un caso que comenzó con la incautación de más de S/1.7 millones en efectivo en el aeropuerto de Trujillo reveló un esquema de lavado de activos vinculado a la minería ilegal. El Poder Judicial condenó a 25 años de prisión a Orlando Tumbajulca y Sonia Mallqui de la Cruz, al determinar que utilizaron el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para dar apariencia de legalidad al oro extraído de manera ilícita. Ambos permanecen prófugos.
La investigación se inició en agosto de 2022, cuando Sonia Mallqui intentó abordar un vuelo con destino a Chagual, en la provincia de Pataz, llevando sobres de manila con S/1 733 277 en efectivo. El dinero fue detectado luego de que el equipaje no pasara por el control de rayos X. Durante las diligencias, Mallqui aseguró que el efectivo pertenecía a Orlando Tumbajulca, quien se presentaba como un minero en proceso de formalización.
Tras analizar las pruebas, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Trujillo concluyó en abril de 2026 que el dinero provenía de la comercialización de oro obtenido mediante minería ilegal y que Tumbajulca usó su inscripción en el Reinfo para introducir el mineral al mercado formal.
Según la sentencia, el condenado adquiría mineral extraído por mineros ilegales en Pataz y luego lo comercializaba como si hubiera sido producido en la concesión minera Río Bravo. Sin embargo, el propietario de dicha concesión declaró que no mantenía ninguna relación con Tumbajulca y precisó que en ese yacimiento no se realiza extracción de oro.
El fallo judicial señala que la inscripción en el Reinfo permitió que el mineral fuera vendido a una planta procesadora, donde se efectuó el pago de cerca de dos millones de soles, monto que posteriormente fue depositado en una cuenta bancaria. Aunque las operaciones financieras se realizaron mediante el sistema bancario, los magistrados determinaron que el dinero tenía origen ilícito y estaba directamente relacionado con la minería ilegal.
PLANTAS PROCESADORAS QUE APORTAN AL LAVADO DE DINERO
El caso también volvió a poner en evidencia el papel que desempeñan las plantas procesadoras dentro de la cadena de comercialización del oro ilegal. Se estima que existen cerca de 400 plantas de este tipo en el país, concentradas principalmente en el sur y la costa.
Estas instalaciones operan en regiones como La Libertad, Arequipa, Ica, Puno, Ayacucho, Apurímac, Junín, Pasco, Áncash y Lima. Solo en La Libertad, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) tiene registradas 38 plantas, mientras que entre Nasca y Chala se han identificado otras instalaciones, algunas fuera de los registros oficiales.
Muchas de estas plantas recibirían mineral con escasa o nula trazabilidad. Ante esta situación, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) anunció meses atrás que reforzará la fiscalización a los establecimientos dedicados al acopio y procesamiento de material minero.
Para Iván Arenas Ramírez, director de la consultora Diálogo Social, la mayoría de las plantas solo verifica que los proveedores cuenten con Reinfo y RUC vigentes, sin comprobar el verdadero origen del oro que adquieren. Esta práctica facilita que mineral extraído ilegalmente ingrese al circuito formal.
MÁS DEL 40 % DEL ORO EXPORTADO NO TIENE ORIGEN IDENTIFICADO
La falta de controles también se refleja en las exportaciones. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), más del 40% del oro que el Perú exporta por canales formales no tiene un origen plenamente identificado. Esto representa más de 100 toneladas comercializadas al exterior, situación que, según los especialistas, evidencia las debilidades del sistema de trazabilidad y los mecanismos utilizados para introducir oro ilegal al mercado formal.
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