El conflicto entre el sindicato de Construcción Civil y la empresa contratista APM que construye el Módulo de Justicia en Cerro Colorado se agrava en Arequipa. Decenas de obreros bloquearon el ingreso a la sede del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) en la Av. Kennedy impidiendo el ingreso del personal para exigir una mesa de diálogo por presuntos despidos y discriminación laboral, mientras la empresa APM los acusa ante la Fiscalía de amenazas, hostigamiento y paralizaciones ilegales que habrían ocasionado pérdidas económicas.
La protesta fue encabezada por trabajadores sindicalizados que dejaron temporalmente labores en algunas obras, entre ellas el proyecto del Iren Sur, para concentrarse en la sede regional. Los manifestantes demandaron que el GRA intervenga en el conflicto laboral que mantienen con APM, debido a que la obra se ejecuta por administración indirecta.
El secretario de Construcción Civil, Lugue Espinoza, afirmó esta mañana que hace una semana presentaron un documento al Gobierno Regional denunciando presuntos despidos de dirigentes, discriminación contra trabajadores arequipeños y otras irregularidades que, según señaló, no fueron atendidas.
Durante la movilización, el dirigente también denunció haber sido víctima de amenazas. Según relató, una semana atrás fue intimidado cuando llegaba a su vivienda. Espinoza vinculó este hecho al incremento de casos de delincuencia, extorsión y sicariato que, aseguró, se registran en algunas obras de construcción, aunque no presentó pruebas ni precisó hechos concretos relacionados con la empresa.
DENUNCIA POR COACCIÓN Y PÉRDIDAS ECONÓMICAS
Sin embargo, la empresa APM asegura ser la afectada por las acciones del sindicato. A inicios de junio, el representante de la contratista, Hipólito Zambrano Carlin, denunció públicamente que las constantes paralizaciones promovidas por integrantes de Construcción Civil provocaron pérdidas cercanas a los 180 mil soles en concreto que no pudo ser utilizado durante los bloqueos.
La empresa sostiene que el origen del conflicto radica en la exigencia del sindicato para que se contrate a trabajadores afiliados al gremio. Según Zambrano, los dirigentes argumentan que les corresponde ocupar el 40% de los puestos de trabajo en la obra, invocando la Ordenanza Regional N.° 283.
No obstante, la contratista afirma que dicha norma solo es aplicable a obras ejecutadas directamente por el Gobierno Regional y no a proyectos desarrollados por empresas privadas o concesionadas, por lo que considera que la contratación de personal es una facultad exclusiva del empleador.
Según la empresa, el sindicato pidió la contratación de adultos mayores, entre ellos un hombre de 72 años en calidad de peon. Además, la empresa asegura cumplir con todos los pagos y derechos laborales que exigen el régimen de Construcción Civil.
PRESUNTO REGLAJE Y HOSTIGAMIENTO
El conflicto escaló al ámbito penal el pasado 10 de junio, cuando APM presentó una denuncia ante la Segunda Fiscalía Penal Corperativa de Arequipa por presuntos delitos de coacción y otros ilícitos.
Según la denuncia, a la que tuvo acceso CORREO, la empresa asegura que ya había incorporado trabajadores locales de Construcción Civil tras diversas coordinaciones. Sin embargo, señala que las exigencias continuaron aumentando y derivaron en bloqueos y paralizaciones recurrentes.
El documento refiere que integrantes del sindicato habrían impedido el ingreso de trabajadores provenientes de otras regiones y personal técnico a la obra, además de realizar actos de vigilancia y seguimiento a empleados de la empresa.
“Los denunciados no permiten el ingreso de los trabajadores, así como en sus habitaciones del personal de Staff, ya que personal sindical le están haciéndoles vigilias en sus hogares en calidad de hostigamiento. Cuando el personal de la empresa quiso ingresar a la obra, el personal del sindicato no se los permitió…”, se lee en la denuncia.
Según el escrito, desde marzo existen constataciones policiales por paralizaciones consideradas ilegales y que las medidas de fuerza se han tornado cada vez más agresivas.
Uno de los hechos reportados ocurrió el 3 de junio, cuando, según la empresa, se bloqueó completamente el acceso al proyecto, impidiendo el ingreso de obreros, técnicos y administrativos, lo que provocó la paralización total de la construcción.
“Con fecha de hoy 3 de junio 2026, las acciones se tornan más violentas que las anteriores, en la parte externa de la obra, al momento del ingreso por la puerta principal, impidiendo totalmente el acceso del personal técnico, administrativo y obrero, paralizando ilegalmente la ejecución de la obra pública”, dice la denuncia.
MESA DE DIÁLOGO SIN ACUERDOS
Tras la protesta de esta mañana, el Gobierno Regional de Arequipa, a través de un comunicado, informó que con el fin de escuchar planteamientos y construir soluciones conjuntas se instaló la mesa de Diálogo con representantes de Construcción Civil.
Sin embargo, tras la reunión no hubo acuerdos, debido a que la mesa de diálogo recién se formalizaría el miércoles con la convocatoria a la contratista.
Los obreros tienen una reunión con la contratista y la Comisión de Trabajo del Consejo Regional de Arequipa.
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