La desobediencia a una orden judicial, producto de una medida cautelar de no innovar en la obra vial Jachaña - Cayarani, podría traer consecuencias legales al gobernador regional Rohel Sánchez, además de una posible intervención sobre este proyecto valorizado en 97 millones de soles.
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Carlos Barreto Sandoval, representante del Consorcio Vial Caylloma, acudió hasta el Consejo Regional de Arequipa (CRA) para dar a conocer esta situación, pues el 10 de junio, el Séptimo Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó al Gobierno Regional de Arequipa cumplir en un plazo de 48 horas con la medida cautelar de no innovar, que se le concedió al consorcio el 25 de mayo.
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“Le dieron 48 horas para devolvernos la obra; si esto salió el 10 de junio, tenían hasta el 12 de junio para devolvernos la obra. Estamos en julio y ellos siguen haciéndole caso omiso”, precisó Barreto Sandoval, quien presentó esta documentación ante el Consejo Regional para que actúe de acuerdo a sus competencias.
Asimismo, señaló que, tras este desacato a la orden judicial, solicitaron asistencia pública para hacer cumplir la medida cautelar.
El representante también indicó que se solicitó a la Región información sobre el expediente técnico aprobado y la propuesta presentada por el consorcio actual a cargo de la obra; sin embargo, a más de un mes de este pedido, dicha documentación aún no es remitida. “Simplemente hay un silencio administrativo hasta el día de hoy”, agregó.
El 9 de octubre del 2024, el GRA remitió una carta notarial al Consorcio Vial Caylloma para la resolución del contrato para la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra; en este documento atribuía como causa de resolución a un incumplimiento de las obligaciones contractuales, tras devolver hasta en tres ocasiones el primer entregable del expediente técnico.
Esta resolución llevó al consorcio a solicitar una medida cautelar ante el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Administrativas (CARDA) de Lima, debido a que la obra no contaba con una supervisión externa ni una junta de solución de disputas.
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