Pese a que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) alcanzó una ejecución presupuestal de 57.4% en lo que va del año 2023, los funcionarios de esta entidad sólo plantean llegar a 27 puntos más hasta el mes de diciembre, por efectos de la Ley 31876, que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa.
El jefe de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial, Víctor Hugo Quispe Rodríguez, recordó que la referida norma, en su artículo 8, pone un tope de inversión bajo la modalidad de administración directa de hasta 50 UIT, es decir, S/247 mil. Esta situación dejaría diversos proyectos sin ejecutar y desalienta alcanzar mejores proyecciones, gasto y ejecución.
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De acuerdo al portal ‘Transparencia Económica’ del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al 2 de octubre de este año, el GRA alcanzó una ejecución presupuestal de S/395 millones, de los más de S/688 millones que dispone, según la casilla del Presupuesto Institucional Modificado (PIM). No obstante, de acuerdo a la meta ahora señalada, sólo se sumaría una ejecución de S/190 millones más y alrededor de S/103 millones dejarían de ejecutarse este año.
Al detalle, el gerente de Infraestructura del Gobierno Regional, Alfredo Zirena, explicó que su unidad ejecutora, perteneciente a la sede central, ocupa hasta un 75% de todo el monto destinado para inversiones, lo que equivaldría a una cifra superior a los S/460 millones. El funcionario señaló que actualmente se tienen 127 obras en proceso de ejecución y de estas, 87 serían bajo la modalidad de administración directa, equivaliendo a una inversión total de S/137 millones para este 2023.
Al respecto, informó que la preocupación de este proceso de inversión son los vacíos legales que pudiera tener la Ley 31876, considerando que algunas obras podrían pasar a la modalidad de contrata y, por tanto, demorar la ejecución presupuestal y el avance de las mismas. En tanto, adelantó que hay 9 proyectos que debían entrar en ejecución por administración directa en el corto plazo, pero no se logrará ello debido a la exigencia de la nueva norma.
“Tenemos que hacer el sustento (para el cambio de modalidad) y luego proceder a la ejecución. Esperamos que el proceso se realice en aproximadamente 15 días, lo que pasa es que todo corresponde a procesos de selección, ya no sería sólo hacer el requerimiento y comprar, requeriría una licitación pública”, dijo.
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El funcionario aclaró que al menos hay otros 30 expedientes técnicos en evaluación generados en la actual gestión. De esta cifra, un 30% se habían gestionado bajo la modalidad de administración directa, pero se tendrán que cambiar por el nuevo marco legal.
Más temprano, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, calificó la norma de absurda, advirtiendo que no se podrían ejecutar proyectos de mantenimiento ni mucho menos la compra de maquinaria. Agregó que esto también afecta a poblaciones alejadas, donde se requieren obras de intervención céleres para brindar trabajo a la población local.
“Por ejemplo, nosotros visitamos Callalli, en la provincia de Caylloma (...) esa zona es puerta del turismo en la parte alta, es acceso al valle del Colca y hay que darle la presencia que merece, ellos piden que termine las obras que ya hay, quieren trabajo y eso hacen los proyectos por administración directa”, dijo.
Cabe señalar que los gobernadores regionales y algunos alcaldes distritales y provinciales viajarán este 5 de octubre a la ciudad de Lima exigiendo la derogatoria de la norma.
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