Gobierno Regional de Arequipa fraccionó contrataciones por S/1.3 millones para trabajos en colegios (Foto: Contraloría)
Gobierno Regional de Arequipa fraccionó contrataciones por S/1.3 millones para trabajos en colegios (Foto: Contraloría)

La Contraloría detectó un presunto fraccionamiento de contrataciones por más de S/1.3 millones en los trabajos de mantenimiento de cuatro colegios públicos de Arequipa ejecutados por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Los servicios fueron divididos en múltiples órdenes de compra y de servicio, pese a que varios correspondían a trabajos que formaban parte de una misma intervención.

El hallazgo forma parte del Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 024-2026-2-5334-AC, que revisó las contrataciones y el mantenimiento de instituciones educativas entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de enero de 2026. En el documento también se identificó un perjuicio económico de S/220 239 por distintas irregularidades.

Los colegios comprendidos en las observaciones son Nuestra Señora del Carmen, Santa Rosa de Lima, Manuel Muñoz Nájar y Mayta Capac. Según la Contraloría, aunque los trabajos fueron aprobados bajo la modalidad de administración directa, en la práctica casi todas las partidas fueron ejecutadas mediante la contratación de terceros. El GRA no habría contratado directamente al personal obrero necesario para realizar las labores.

Para ejecutar los trabajos se emitieron diversas órdenes para actividades como demolición, movimiento de tierras, vaciado de concreto, carpintería metálica, instalación de columnas y vigas, colocación de cobertura de malla raschel, instalaciones eléctricas y pintado de estructuras. También se adquirieron materiales por separado.

El problema advertido por el órgano de control es que estas contrataciones fueron divididas en servicios individuales menores a 8 UIT, a pesar de que los presupuestos de los mantenimientos superaban ese monto. Para la Contraloría, esto constituye un indicio de fraccionamiento, debido a que varias de las prestaciones estaban vinculadas a una misma intervención.

Uno de los casos señalados corresponde a las estructuras metálicas para las coberturas de malla raschel. Las fichas técnicas contemplaban estas estructuras como sistemas integrales, pero su ejecución terminó siendo distribuida entre diferentes servicios independientes.

SERVICIOS CON CHOFERES Y VEHÍCULOS QUE SE SUPERPONÍAN

La auditoría también encontró irregularidades en el alquiler de camionetas utilizado para los trabajos en los colegios Santa Rosa de Lima y Nuestra Señora del Carmen. La Contraloría identificó la participación reiterada de las mismas empresas y encontró que un mismo chofer aparece en dos órdenes de servicio distintas, con vehículos diferentes y en fechas coincidentes.

Según el informe, esta situación genera una superposición temporal que materialmente no podía cumplirse y constituye un indicio de servicios no verificables y pagos sin sustento suficiente.

En el mantenimiento de Santa Rosa de Lima también se detectaron inconsistencias en firmas y sellos de documentos de conformidad. Además, hubo servicios que comenzaron antes de contar con la respectiva orden de servicio y no se aplicaron penalidades por mora.

La Contraloría identificó, además, duplicidad en la entrega de materiales, diferencias entre los metrados previstos y los materiales adquiridos, actividades ejecutadas antes de formalizar los servicios, incumplimientos sin penalización y trabajos incompatibles que se habrían realizado de manera simultánea.

El informe señala también que algunos proveedores participaron de manera reiterada en las contrataciones. Para el órgano de control, estos hechos permiten advertir indicios de una práctica recurrente de contratación fragmentada.

PERJUICIO ECONÓMICO DE 220 MIL SOLES

El conjunto de irregularidades ocasionó, según la auditoría, un perjuicio económico de S/220 239 al Gobierno Regional de Arequipa. El informe identificó presunta responsabilidad penal, civil y administrativa en 12 exfuncionarios y exservidores de la actual gestión regional.

El documento fue notificado al gobernador regional y la Contraloría recomendó a las procuradurías correspondientes y al órgano encargado del Proceso Administrativo Sancionador (PAS) iniciar las acciones legales que correspondan.

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