La aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto central Hidroeléctrica OCO 2010,ocurrido en agosto, con miras a ejecutarse en Ocoña y dirigida por una empresa minera, reactivó las protestas de autoridades de 4 provincias y sus pobladores. Los residentes consideran que la creación de la hidroeléctrica, alteraría el ecosistema del camarón y podría generar hundimientos en el poblado de Chaucalla. Además de daños en la flora y fauna.
Para hallar soluciones al conflicto latente, tanto los representantes de La Unión, Camaná, Condesuyos y Castilla, como la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez Canahuire y los consejeros regionales, sustentaron su oposición ante el viceministro de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (Minem) José Dávila Pérez.
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“No queremos mesas de trabajo, queremos la nulidad inmediatamente. Si no tenemos respuestas, ya veremos de que forma nos movilizamos, está en juego nuestras provincias, nuestros pobladores”, aseguró el alcalde de Toro y presidente del frente de defensa, Francisco Tapia Martínez.
Quien también se mostró en contra de la construcción de la hidroeléctrica es la gobernadora encargada quien pidió personalmente al viceministro, revisar el pedido de nulidad y atender la postura de los pobladores. “Me aúno a este pedido de la población, soy la representante del gobierno regional, le pido por favor señor ministro que lo pase también al presidente (Pedro Castillo)”, dijo Gutiérrez Canahuire.
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En respuesta al pedido, el viceministro aseguró que revisará el pedido de nulidad de la declaratoria de impacto ambiental. “Si encontramos lo que efectivamente nos están manifestando algún funcionario, no solo del Ministerio, sino de Serfor (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre), o ANA (Autoridad Nacional del Agua), que haya faltado a la ley, se declararía la nulidad de inmediato”, aseguró el vocero del Minem.
Durante el debate, un grupo de pobladores, camaroneros en su mayoría, protestaron en la puerta de ingreso al GRA pidiendo también que se descarte el proyecto. “Somos 17 organizaciones (de pescadores) que estamos dentro de la cuenca, 1500 pescadores que se van a perjudicar con el proyecto”, expresó el vicepresidente de la asociación de pescadores artesanales de Río Ocoña, Josef Corimaya G.
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Otras de las razones por las que se oponen es por supuestos daños a la agricultura y turismo. “La reserva paisajista de la subcuenta de Cotahuasi, conforme a ley, no puede emplazarse minería, una central hidroeléctrica (...) el daño principal es la matanza indiscriminada en 17 kilómetros”, protestó el poblador de Toro, Cosme Mejía.