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La propietaria de la empresa minera Intigold Mining SA, Rossana Calmet Guazzotti, intenta evitar responsabilidades frente a los hechos sangrientos del pasado 2 de junio, cuando 14 personas perdieron la vida por enfrentamientos de mineros en Atico, provincia Caravelí en Arequipa.
Calmet presentó un escrito ante la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada para marcar distancia con cuatro de los 31 imputados por los presuntos delitos de sicariato y tenencia de armas. El documento fue mencionado ayer en audiencia por la fiscal María Cabana, quien señaló que este es un intento de Calmet para deslindar responsabilidad de los asesinatos.
INTIGOLD DESLINDA RESPONSABILIDAD, PERO TESTIGOS CONTRADICEN
En el escrito, la empresaria señala que Albert Vilcapuma Aragonez (Quaker), Juan Tejada Alonso (Popeye), Miguel Montes de la Cruz y Cliforn Mejia Laveriano, laboraron para la minera Intigold, pero no durante este año. Se precisa que los 4 habrían sido contratados por la compañía desde el 23 de febrero al 30 de junio de 2021, para el servicio de previsión de riesgos y perdidas en sus concesiones mineras.
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Sin embargo, esta versión se contradice con las declaraciones de 5 testigos protegidos, quienes la apuntan como responsable de dar la orden para las ejecuciones. Es por ello que en la hipótesis fiscal se sostiene que fueron justamente Quaker y Popeye los reclutadores de los sicarios, quienes actuaron bajo órdenes de Calmet.
La fiscal Cabana recordó que la empresaria está inmersa en una investigación preliminar que se inició en 2020, y los hechos sucedidos el 2 de junio agravan su situación.
La investigación fiscal en su contra indica que, a pesar de que las actividades de su mina están suspendidas, ella permite que mineros artesanales laboren en sus concesiones, y al no aceptar sus imposiciones de cobrar altas regalías, Calmet ordenaría a personal contratado entre nacionales y extranjeros que realicen actos contra la vida, cuerpo y la salud, por no cumplir con el pago impuesto por su empresa.
El escrito presentando por la gerente de Intigold forma parte del requerimiento fiscal para imponer prisión preventiva por 18 meses a los 31 imputados del caso.
