La integración plural de las diversas estructuras sociales en el Perú es poco atendida en la actualidad y parte del problema se visibiliza en el marco legal. Prueba de ello, es la aparente desaparición del derecho consuetudinario (reglas basadas en la costumbre) por la supremacía del derecho positivo (derecho vigente) en el Perú, aseguró el abogado y periodista, Jaime Ardiles Franco. El letrado presentó en Arequipa dos libros en los que retrata aspectos jurídicos y sociales de las comunidades rurales del país. El primero, incluso amplía esta visión ilustrada en el conflicto social aimara ocurrido en el año 2011 y revela el desenlace del quebrantamiento del proceso de diálogo. Una segunda producción detalla ‘la vulneración de los derechos individuales y colectivos de los campesinos’ del país.
Usted ha llegado a la ciudad de Arequipa para presentar dos libros. El primero hace referencia a uno de los conflictos sociales más violentos en el Perú, ¿Qué aspectos rescata?
El primer libro que estoy presentando es Aymarazo: Conflicto Social Penalizado, que hace referencia histórica, jurídica y social sobre la problemática que se presentó en Puno en el año 2011. En ese entonces, el gobierno de Alan García concedió la explotación de oro en la zona de Huacullani, en la provincia de Chucuito a una empresa canadiense. De acuerdo a la Constitución, está prohibido la explotación y comercialización de recursos naturales a 50 metros de la línea de frontera; sin embargo, se concedieron los permisos. Los pobladores de la zona hicieron los reclamos correspondientes y el gobierno no los atendió, tampoco se hizo la consulta a organizaciones campesinas. No hubo respuestas de las autoridades e inició un movimiento social que reunió a 15 mil personas aimaras en manifestaciones. Este movimiento se trasladó a Lima, donde hubo grandes movilizaciones. Fueron protestas incontrolables.
Entiendo que este libro visibiliza ‘las dos caras de la moneda’: los actos violentistas y la percepción de los ciudadanos que fueron los protagonistas de las manifestaciones...
Sí, es cierto, nosotros expresamos los actos de violencia que hubo, al igual que el silencio de las autoridades para resolver el problema. Las comunidades campesinas no fueron escuchadas. De ninguna manera se justifica las acciones de violencia que se generaron en Puno, pero entendemos que constitucionalmente tienen el derecho de protestar, para eso, tiene que haber una predisposición de dialogo, se rompió con la parte política, el Ejército, el Ministerio Público y el Poder Judicial. .
En su libro usted revela los procesos judiciales contra dirigentes que lideraban este movimiento social, ¿Cree que influyó para determinar en cierta medida a la liberación de Walter Aduviri?
En el marco evidentemente jurídico, nosotros explicamos que se aperturó una acción judicial en ciudad de Juli, provincia de Chucuito, el proceso fue contra 35 a 40 dirigentes que están con nombre propio. En esa instancia, se liberó de responsabilidades a estos dirigentes aimaras y trasladan la acusación al Ministerio Público de Puno, donde se acusa a Aduviri y a un conjunto de personas. Aduviri fue detenido y perseguido en Lima porque había responsabilidades. Incluso, luego de que culminó el proceso del aimarazo, no se ha concluido el proceso contra cuatro o cinco dirigentes, viéndose su caso en Juli.
¿Qué reflexión trae este libro en torno a los conflictos sociales?
Hay que reflexionar desde el punto de vista jurídico y social. Lo primero es que debe asegurarse el cumplimiento de la Constitución y los tratados internacionales incluso con organismos como la Organización Internacional del Trabajo, también debe respetarse la consulta popular cuando se trata de explotar un recurso minero, debe primar el dialogo, cuando no se hace, genera rechazo social. Lo segundo es que se desconoce la capacidad de organización de las comunidades campesinas y con ello, el Gobierno toma decisiones impositivas, no se considera el abandono social y económico que tienen estas organizaciones. El Poder Judicial se sintió presionado no sólo por este libro, antes de que salga en libertad Aduviri. El libro tiene un análisis apolítico, pero si anarquiza el aspecto social y jurídico. Lo tercero es que hay que respetar la organización de las comunidades rurales y sus características en la administración de justicia. El derecho positivo del país debe tener un aspecto mas social y mas humano, no se pueden imponer normas alejadas a la realidad de las comunidades.
Presenta usted un segundo libro de llamativo título, donde precisamente amplía su visión respecto al derecho consuetudinario...
Efectivamente presentamos un libro al que denominamos Indio: Derecho Consuetudinario y Derecho Positivo. Este libro tiene tres características especiales. El primero es un análisis de cómo se trató históricamente al indio o al campesino, hasta esta designación de indio es discutible. Ahora, la Constitución es limitante respecto al derecho consuetudinario. No se adelantó la administración de justicia del Perú con un criterio pluralista por el que las leyes puedan escuchar a las organizaciones campesinas en el derecho consuetudinario que no está escrito, pero que sí forma una relación verbal de continuidad de cómo se juzgan los errores en las comunidades aimaras y quechuas. Es curioso que, en ese contexto, las comunidades juzgan a los que han cometido errores, los sancionan, pero no los aíslan, los reintegran a la comunidad. Todo lo contrario, sucede con el derecho positivo, el individuo sentenciado no es reintegrado en la sociedad (...) ahora el derecho consuetudinario tiende a desaparecer porque el derecho positivo no lo reconoce plenamente, no hay pluralismo.
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