Cuatro zonas de aparcamiento fueron alquiladas por 6 años a tercero.  Alcalde de Arequipa coincide en indagación. (Foto: Difusión)
Cuatro zonas de aparcamiento fueron alquiladas por 6 años a tercero. Alcalde de Arequipa coincide en indagación. (Foto: Difusión)

Como presunto desfalco de dinero, calificó el movimiento Juntos por el Desarrollo de Arequipa al alquiler de 4 playas de estacionamiento ubicadas en Galerias Santa Fe, calles El Filtro, La Paz y Paucarpata (Cercado), hecho por la Sociedad de Beneficencia de Arequipa a un tercero privado por el plazo de 6 años y por un monto anual  de  S/40 mil.

El contrato advertido fue firmado el 10 de octubre con la arrendataria Yenny Yanqui, de octubre de 2022 al 9 de octubre de 2028. Si bien, habrá una remodelación valorizada en S/120 mil soles, los montos a pagar por el alquiler cada año son crecientes, van desde S/40 mil el primer año, hasta S/44 mil en 2028. situación. Años antes, los locales no habían sido alquilados y eran administrados por la propia Beneficencia.

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Según observó el abogado del movimiento político, Jorge Laurel Ponce, existirían irregularidades, pues que cada mes, solo una playa de estacionamiento genera S/40 mil en ingresos. “¿Cómo es posible que no se cautelen los ingresos para la Beneficencia? Nos da mucha extrañeza que estando a pocos meses de ingresar la nueva gestión (Gobierno provincial) se haga este tipo de acción”, sostuvo. El trato puede investigarse bajo el presunto delito de negociación incompatible, informó Laurel Ponce.

Si bien la  Sociedad de Beneficencia pertenece al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Gobierno provincial designa a dos representantes de su directorio. En este caso, el alcalde Omar Candia determinó en mayo como presidenta a Celina del Carpio y como miembro, a Ricardo Grundy. Por ello, Laurel Ponce cuestionó que estos representantes del municipio de Arequipa no hayan advertido el hecho.

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Al respecto, el alcalde Omar Candia coincidió en que el hecho se debe investigar, pero desligó responsabilidad del Gobierno provincial. Negó que el dinero recaudado ingrese a las arcas municipales.

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