Hacia el 2030, la región Arequipa se encamina a consolidar 5 inversiones de gran minería con un aproximado de $ 5 mil millones en inversión privada, y con ello, la necesidad de contar con el acompañamiento de profesionales egresados de las universidades e institutos para ocupar el campo ocupacional que se abrirá producto de estas inversiones.
OPORTUNIDAD LABORAL
El gerente regional de Energía y Minas, Luciano Taco, destacó la importancia de estos proyectos mineros para el desarrollo económico de la región: “Se crean fuentes de trabajo, sobre todo para la juventud; aquí en Arequipa tenemos seis universidades que están funcionando. Lo bueno de la industria minera es que trabajan todas las profesiones, por tanto, hay una oportunidad laboral para todos los jóvenes”, señaló.
El funcionario señaló que la nueva tecnología empleada en la gran minería obliga a las universidades a estar en constante actualización de sus planes de estudio, como en el caso de la Universidad Nacional de San Agustín, donde se hace un cambio del plan curricular cada 3 años.
Asimismo, hizo un llamado para que las empresas mineras y las universidades trabajen en conjunto para el beneficio de ambos sectores, a lo que se suma la oportunidad de realizar proyectos de investigación a través de los laboratorios universitarios.
“La empresa estaría captando a los jóvenes profesionales y tendría la oportunidad de entrenarlos de acuerdo a lo que necesitan, y así contar con profesionales jóvenes en la mina, mientras que la universidad se beneficiaría porque sus estudiantes tendrían oportunidades laborales”, acotó.
UN PROBLEMA
No obstante, existe un problema que en los últimos años es notorio, la presencia de la minería informal y el avance de la ilegalidad. En ese aspecto, Taco señaló que este problema deriva de un proceso de formalización trunco por parte del Estado y de los propios gobiernos regionales, sobre todo a nivel de presupuesto.
“Los informales son una buena cantidad, y en Arequipa tenemos posiblemente cerca de 15 mil que estén trabajando”, sostuvo. Para el funcionario, el Ministerio de Energía y Minas (ente rector) es el que debe plantear las directivas precisas y claras, donde la Ley MAPE, la que debe considerar capacitaciones y un empadronamiento.
La situación complicada se encuentra en la logística, dado que los gobiernos regionales no cuentan con los recursos suficientes. Añadió que aproximadamente en el país son 35 mil los mineros que deberían formalizarse hasta el 31 de diciembre, pero, por el cambio de gobierno a mitad de año, esto no se concretaría.
PROYECTOS EN CURSO
Entre los 5 proyectos que apuntan a consolidarse en los próximos años se encuentra la expansión de Cerro Verde ($ 2,1 mil millones), la cual busca extender la vida útil hasta el 2053, incrementando la producción de cobre.
A este se le suma el proyecto Zafranal ($ 1,2 mil millones), ubicado en las provincias de Castilla y Caylloma, que estará centrado en producir concentrado de cobre con bajo contenido de oro, y se espera una producción anual de 76 mil toneladas métricas finas de cobre y 29 mil onzas de oro; en el 23027 se espera la explotación.
También se encuentra el proyecto Pampa de Pongo ($ 1,7 mil millones), a cargo de Jinzhao Mining Perú S.A., a ejecutarse entre Bella Unión y Lomas (Caravelí), proyecto destinado a la extracción de hierro, con una estimación de una producción anual de 22,5 millones de toneladas.
Un proyecto ya consolidado y en etapa de construcción es Tía María ($ 1,8 mil millones), en la provincia de Islay, destinado a la extracción de cobre y que cuenta con la autorización del inicio de actividades. A estos también se les suma el proyecto Don Javier, en Yarabamba, dedicado a la extracción de cobre.
DATO
El otro gran desafío es para el Estado, pues los gobiernos de turno no logran frenar el avance de la minería ilegal que atenta contra los diferentes ecosistemas del país.
VIDEO RECOMENDADO:
