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La fiscal adjunta Karina Barrientos destacó ayer que el gobernador Elmer Cáceres y el exgerente de Autodema, Marcelo Córdova, ofrecieron a los consejeros regionales aliados terrenos de la Asociación Pampas Bayas, que tenían como destino resarcir a los damnificados de Majes.
Así lo señaló en la exposición de los presuntos delitos cometidos por Córdova como parte de la presunta organización criminal Los Hijos del Cóndor. “El fin era reivindicar a los menos favorecidos, ¿los testaferros eran los menos favorecidos? ¿Los testaferros eran damnificados?”, cuestionó la magistrada durante la audiencia de prisión preventiva de hasta 36 meses, solicitada por la Fiscalía contra 8 imputados de la presunta organización criminal Los hijos del cóndor.
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La fiscal sustentó cómo Córdova desde 2019 hasta este año colaboró para presionar en la modificación de la Ordenanza Regional N°233, que se refería sobre la venta directa de 5 mil 200 hectáreas a la asociación. Sin embargo, el fin era repartir las parcelas a los legisladores regionales “colaboradores”. Todo esto basándose en las escuchas y conversaciones que obtuvo la Fiscalía en dos años de investigación, y sobre todo al seguimiento de Marcelo Córdova.
Según los medios de prueba de la Fiscalía, en noviembre de 2019, Córdova llamó al agente especial para reiterar terrenos de Pampas Bayas y agradecerle su respaldo en la interpelación que se seguía en su contra cuando era gerente de Autodema. En las transcripciones de audios de conversaciones entre el funcionario y la agente especial, se revela cómo solicitaba documentos de identidad y fotos de testaferros a los consejeros para su inscripción en la asociación.
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La fiscal también presentó un acta del 3 de febrero de 2020 en la que se consigna cómo Córdova guió a uno de los testaferros para generar unas constancias de socio de Pampas Bayas en una conocida notaría de la ciudad. La magistrada resaltó que pese a que dejó de ser gerente de Autodema, Córdova continuaba gestionando los terrenos para el beneficio de la supuesta red criminal.
Apoyó esta versión con la transcripción del audio del 9 de setiembre de 2020 entregado por el agente especial. Según dijo la acusadora, el plan se habría concretado el 19 de octubre luego que el Consejo Regional aprobara la Ordenanza Regional N°467, que dictaba medidas complementarias a la norma N°233, es decir, para tomar posesión de los terrenos. Para el abogado de Córdova, Eduardo Cuentas, las acciones de su patrocinado son actos políticos que la Fiscalía descontextualizó.
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La fiscal sostuvo que el ilícito actuar de Córdova se mantuvo durante toda la gestión siendo un nexo clave entre los legisladores y el gobernador. La pena para el funcionario podría ser de 16 años de prisión por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho pasivo genérico. Celular de Córdova está desconfigurado y Fiscalía no puede extraer información.
