La empresa  a cargo de las centrales hidroeléctricas de Lluta y Lluclla pide al GRA que analice las implicancias del cese del contrato para Majes Siguas II. (Foto: GEC Archivo)
La empresa a cargo de las centrales hidroeléctricas de Lluta y Lluclla pide al GRA que analice las implicancias del cese del contrato para Majes Siguas II. (Foto: GEC Archivo)

La empresa a cargo de la ejecución de los proyectos hidroeléctricos de Lluta y Lluclla, dirigió ayer una carta al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) para dar inicio al procedimiento de trato directo por el aparente incumplimiento del GRA para dotarle de agua proveniente de Majes II para que inicien operaciones, conforme lo establece el contrato de concesión suscrito el 6 de agosto de 2018.

La comunicación empresarial detalla que la Región no ha realizado las acciones necesarias para viabilizar el desarrollo del componente de irrigación del Proyecto Especial Majes Siguas, en peligro de cancelarse por la controversia en torno a la adenda 13. Mario Gonzales, gerente de Inland Energy, conversó con Correo sobre este particular y dio detalles de su preocupación.

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Ustedes han enviado una carta al GRA por varios incumplimientos. ¿Qué es lo que esperan conseguir? Lo que hemos hecho es remitirle la carta al Gobierno Regional para hacerle ver que estamos preocupados por la finalización del contrato por parte de Cobra, el concesionario de las obras de irrigación (en Majes II) y aparentemente, por lo que hemos podido observar, existirían algunas personas al interior del Gobierno Regional, especialmente algunos consejeros que se oponen a desarrollar el proyecto y prefieren que se acabe o irse a un arbitraje. Parece que no tiene claro todos los perjuicios que se generarían con la finalización de este contrato. Nosotros que somos inversionistas y que hemos firmado también un contrato con el Gobierno Regional, les estamos haciendo saber que tienen la obligación de dotar de agua a estas centrales hidroeléctricas para que se puedan construir y si no lo hacen estarían incumpliendo un contrato firmado con nosotros. Tendríamos todos los caminos legales para hacer que se resarcen cualquier tipo de daños.

¿Qué significa empezar el trato directo y qué implicancias tendría? La implicancia es que queremos que el Gobierno Regional se de cuenta que tiene que honrar el contrato. Si es que encuentran una solución a esta situación, todos vamos a salir bien; nosotros como inversionistas, ellos como Gobierno Regional, la población y todos los agentes económicos que están a la expectativa de que esto se desarrolle.

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¿De no ser así, qué es lo que ustedes demandarían?¿Hay una pérdida económica? Sí, lamentablemente sí. Ojalá ese escenario no se dé, pero son varios los caminos. Primero es todos los gastos que hemos efectuado, incluyendo al propio Gobierno Regional como parte del proceso de la inversión privada por el que les hemos dado un millón de dólares, como parte del contrato donde dice que el inversionista se obliga a pagar este monto como parte del Fondo de Inversión Privada para el GRA siga realizando procesos de promoción. Nosotros hemos cumplido con realizar los Estudios de Impacto Ambiental, el Estudio de Factibilidad, el Estudio de Ingeniería Definitivo, tenemos listos los contratos de obras y hemos invertido buena cantidad de dinero en esto, más de 9 millones de dólares a la fecha. Por otro lado, hay una expectativa porque todo esto lo hemos hecho para desarrollar un proyecto y hay un lucro cesante de por medio. No está demás decir que existen responsabilidades de las personas que, debiendo cumplir con sus obligaciones hacen lo contrario. La gobernadora está instando a que los consejeros se reúnan y tomen algunas decisiones, pero existirían algunos consejeros que, aparentemente por desconocimiento, no saben que estarían eventualmente cometiendo actos delictivos por omisión de funciones.

Los opositores lo que aducen es que Contraloría señala que no hay razones para un cambio tecnológico. Esa es una lectura perceptiva de lo que dice Contraloría, pero el documento debería leerse junto con el del MEF, que es donde se hacen todas las recomendaciones. No soy quien para defender el proyecto de Cobra, vamos a un hecho específico que es que la Región ha suscrito un contrato y por el cual hemos hecho varios gastos. Estamos en disposición de iniciar una inversión del orden de los 500 millones de dólares y esta inversión va a traer un pago anual por concepto del uso de agua para fines eléctricos que bordea los 8.5 millones de dólares que entra a la caja del Gobierno Regional.

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¿Hay un plazo para que el GRA responda su carta? Entiendo que 15 días Yo espero que en los siguientes días se comunique con nosotros para explicarles lo que traería una resolución contractual también con nosotros. Este un proyecto muy grande y esperado en la región que no debería no hacerse, no se debería paralizar el desarrollo de Arequipa.