El distrito de Atico, en la provincia de Caravelí, se ha convertido en uno de los principales focos de minería no legal del sur del país. La violencia es uno de los problemas que marca la vida cotidiana en el distrito, tal como lo reveló un estudio del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia (ICEV).
Los resultados revelan que la incidencia criminal en zonas de minería no legal, como Atico, es alta, registrando entre 30 y 50 homicidios al año, generalemte relacionados con disputas territoriales, control de operaciones auríferas y actividades vinculadas al crimen organizado.
Nicolás Zevallos, uno de los autores de la investigación y director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, sostuvo que la actividad aurífera en la zona no solo genera problemas ambientales, sino también altos niveles de violencia, precariedad laboral y vulneración de derechos humanos.
El estudio fue encargado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y advierte que alrededor de 4 mil personas trabajan en actividades mineras en Atico, muchas de ellas sin acceso a beneficios laborales ni garantías mínimas de seguridad. El informe estima además que cerca del 6% de los trabajadores en las zonas estudiadas podría encontrarse en condiciones de trabajo forzoso o explotación, una situación que afecta directamente a los sectores más vulnerables.
Esta investigación permitió también evidenciar 10 tipos de delitos y 52 formas de violencia asociadas a esta actividad, entre ellas extorsiones, secuestros, sicariato, tráfico de insumos, trata de personas y explotación laboral. Estas prácticas forman parte de una dinámica criminal que se ha asentado en los campamentos mineros y sus alrededores.
TESTIMONIOS
A juicio de Zevallos, uno de los principales hallazgos es la limitada capacidad de respuesta del Estado. El informe concluye que la presencia policial suele ser temporal y reactiva, lo que permite que organizaciones criminales mantengan influencia sobre determinados sectores de explotación minera.“Cuando ocurre un enfrentamiento o un asesinato llegan las autoridades, pero después todo vuelve a ser igual”, relató un poblador entrevistado por los investigadores, quien describió la sensación de inseguridad permanente que existe en la zona.
Un trabajador minero también señaló que en algunos sectores existe temor a denunciar hechos delictivos debido al poder que ejercen quienes controlan determinadas áreas de extracción. “Todos saben quién maneja cada zona”, indicó durante el trabajo de campo realizado por los investigadores.
La investigación advierte que el problema podría agravarse debido al crecimiento de la minería no legal en el país. Solo en 2025 se estimó que 99.969 kilogramos de oro exportado, equivalentes al 47,7% del total nacional, no tendrían sustento en la producción formal declarada, una brecha que favorece la expansión de economías ilegales.
El informe señala que, mientras no se fortalezca la presencia del Estado y las alternativas de desarrollo formal, el distrito continuará expuesto a conflictos, violencia y vulneraciones de derechos fundamentales.
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