La construcción de un parque de recreación y esparcimiento en La Campiña, Socabaya, no puede ejecutarse porque el terreno previsto está atravesado por líneas de alta tensión y no se cuenta con la disponibilidad del área, sin embargo, la municipalidad pagó a la empresa Construcciones y Servicios Catoga la suma de S/62,350 por la elaboración del estudio de preinversión y el expediente técnico en el año 2022.
Según el Informe de Control Específico N.° 011-2026-2-1313 de la Contraloría, la Municipalidad Distrital de Socabaya aprobó y pagó tres prestaciones relacionadas con la elaboración del estudio de preinversión, el expediente técnico causando un perjuicio económico de 62 mil 350 soles. La comuna pagó, pese a que los proveedores no cumplieron con los requisitos establecidos en sus términos de referencia.
El órgano de control identificó la responsabilidad civil de tres funcionarios y exfuncionarios, entre ellos Gustavo Gómez, quien se desempeñaba como gerente de Desarrollo Urbano y Shirley Zegarra, subgernte de Obras. Según el expediente, la obra iba a cosstar 3 millones 55 mil soles.
El problema quedó expuesto en el propio expediente técnico. El terreno considerado para la obra corresponde a un área de aporte de reserva de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) y está atravesado por torres de alta tensión.
Sin embargo, el documento aprobado no advertía que las líneas eléctricas y su respectiva faja de servidumbre impedían construir la obra en ese espacio, ni señalaba que la municipalidad no tenía disponibilidad del terreno.
A ello se suma que el expediente técnico ya perdió vigencia, por lo que ninguna de las contrataciones realizadas para formular el proyecto cumplió finalmente con el objetivo para el que fueron pagadas.
Según la Contraloría, los servidores y funcionarios municipales otorgaron conformidad y autorizaron los pagos pese a que los documentos entregados estaban incompletos y no cumplían con las condiciones exigidas.
El informe, que revisó las actuaciones realizadas entre el 15 de setiembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2025, identificó además presunta responsabilidad civil en dos exfuncionarios y un servidor vinculados a la gestión municipal del periodo 2019-2022.
La Contraloría notificó los resultados al alcalde de Socabaya y recomendó a su Procuraduría Pública iniciar las acciones legales que correspondan para determinar responsabilidades y recuperar el dinero comprometido.
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