Las municipalidades de Arequipa estarían actuando a favor de permitir las ocupaciones de terrenos en zonas de alto riesgo, así lo indicó la fiscal provincial de Prevención del Delito de Arequipa, Ana Cecilia Cordero Echenique, quien advirtió la existencia de ocupaciones ilegales en al menos cinco distritos, principalmente en cauces de torrenteras, activación de lahares en la temporada de lluvias.
Por ejemplo, en Cerro Colorado, se detectaron invasiones en sectores como en José Luis Bustamante y Rivero, en la Asociación Peruano Argentino Boliviano (Peruarbo) y cerca a la quebrada “Los Ricos”. También alertó sobre situaciones similares en Characato, con construcciones cercanas a ríos, y en Chiguata, donde además se registra el desecho de residuos sólidos a las torrenteras.
Asimismo, advirtió de construcciones en la quebrada “El Pato” en el pueblo Joven Independencia, en Alto Selva Alegre. De igual manera, se identificó viviendas en zonas de riesgo en las partes altas de los distritos de Mariano Melgar y Miraflores que incluso tienen conexión eléctrica de parte de Seal.
FISCALÍA CUESTIONA FALTA DE FISCALIZACIÓN
La fiscal explicó que el problema principal es la falta de fiscalización de obras por parte de los municipios. Indicó que se están permitiendo construcciones sin licencia y rellenos de cauces ante la vista de las autoridades. Además, subrayó que muchas de estas ocupaciones no son recientes, pues las municipalidades no actuaron de manera efectiva para recuperar los terrenos del Estado.
La fiscal precisó que las municipalidades tienen la obligación de sancionar las construcciones ilegales o en todo caso, informar al Gobierno Regional o a la Autoridad Nacional del Agua para iniciar con los procesos de recuperación de las invasiones. Aclaró que no basta con notificar verbalmente, sino que todo debe quedar documentado.
Señaló que la falta de acciones puede derivar en responsabilidades penales por omisión de funciones, abuso de autoridad o incluso corrupción, si se comprueba algún favorecimiento ilegal. La Fiscalía Penal será la encargada de iniciar las investigaciones para determinar las responsabilidades.
El incumplimiento reiterado de estas obligaciones podría ser derivado a la Fiscalía Penal por presunta omisión de funciones.
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