La promulgación de la Ley 32535, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que deroga la Ley 28983 y redefine el tratamiento del enfoque de género en las políticas públicas, deja en conflicto la aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI) en Arequipa, tal como lo confirmó el gerente regional de Educación, Marco Choque.
La nueva norma colisiona con la ordenanza que se basó en la anterior disposición legislativa que quedó sin efecto, pero al no haber una disposición precisa sobre el particular, se sigue aplicando en la región por ser orden regional, sostuvo el gerente, no sin antes precisar que esta situación podría derivar en la revisión del marco normativo local.
APLICACIÓN
En este sentido, se convocará a reuniones con especialistas en materia legal y educativa para evaluar el impacto de la norma nacional y determinar su aplicación en la región, algo que también debería hacerse en el Consejo Regional de Arequipa. Además, recién en febrero se podría tener definido cómo se trabajará en cumplimiento a la nueva ley, a fin de que los instrumentos de gestión educativa cuenten con lineamientos claros y eviten interpretaciones contradictorias en las aulas.
Cabe señalar que la Ley 32535, precisa que es competencia de los gobiernos locales y regionales promover y garantizar la participación plena y efectiva de mujeres y hombres en la consolidación del sistema democrático. Así como garantizar el acceso a la educación pública y la permanencia en todas las etapas del sistema educativo, en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, especialmente en las zonas rurales, promoviendo el respeto y valoración de las identidades culturales.
Señala también que estas instancias de gobierno deben promover el desarrollo pleno y equitativo de toda la niñez y la adolescencia, asegurándoles una educación sexual con base científica, biológica y ética, y en valores, respetando el derecho de los padres o tutores a participar en el proceso educativo de sus hijos y cautelando que reciban la educación de acuerdo con sus convicciones morales y con libertad de conciencia, entre otras disposiciones.
Entre sus principales disposiciones, la ley define el concepto de discriminación, establece principios rectores como la equidad, los derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural, y asigna responsabilidades específicas a los poderes del Estado.
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