La paralización nacional de 24 horas de los trabajadores del Poder Judicial dejó suspendidas las actividades civiles y penales en Arequipa, la cual afectó la atención de los usuarios y obligó a reprogramar las audiencias y diligencias. La medida fue acatada por aproximadamente 1500 servidores judiciales de la región.
La secretaria general de los trabajadores judiciales de Arequipa, Marlene Huaranca Tejada, informó que la protesta busca que se asigne presupuesto para ejecutar dos leyes aprobadas por el Congreso el año pasado, referidas al cumplimiento del cuarto tramo de la escala remunerativa de los trabajadores del régimen 728 y a la implementación de un régimen laboral único en la institución.
La dirigente explicó que, pese a haber sido aprobadas, las normas aún no pueden aplicarse por falta de financiamiento. Por ello, los trabajadores exigen que se autoricen mecanismos presupuestales que permitan concretar los incrementos salariales pendientes desde hace más de tres años y equiparar sus condiciones laborales.
Durante las protestas solo se atendieron procesos con detenidos, casos urgentes, flagrancia y acciones relacionadas con menores infractores, así como audiencias por alimentos. Huaranca advirtió que la suspensión de actividades incrementará la carga procesal debido a la reprogramación de audiencias, una situación que obligará a los mismos trabajadores a asumir una mayor carga laboral.
Asimismo, cuestionó la reducción del presupuesto asignado al Poder Judicial y alertó que, de mantenerse esta situación, desde agosto podrían faltar insumos básicos como papel y tóner para la atención de los litigantes. Agregó que si el Congreso no atiende sus demandas antes del 15 de junio, las bases sindicales evaluarán acatar una huelga nacional indefinida.
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