Un perjuicio económico de 3 millones 354 mil soles a la Municipalidad Distrital de Cayma dejó una serie de actos irregulares cometidos durante el mejoramiento del Puesto de Salud La Tomilla, según concluyó la auditoría de cumplimiento de la Contraloría. Los hechos tienen responsabilidades administrativas y penales de los trabajadores y el exalcalde Jaime Chávez.
El informe revela que, durante la ejecución del proyecto desde el 22 de abril de 2021 a cargo del consorcio Alamar hasta el 31 de marzo de 2025 por un contrato de 5 millones 213 mil soles, el residente y la supervisión aprobaron y dieron conformidad a valorizaciones sin sustento técnico, sin acreditar el avance real de la obra, la conclusión de partidas ni el cumplimiento de las especificaciones técnicas del expediente. Pese a ello, se autorizaron pagos que incluyeron partidas con deficiencias constructivas, obras inconclusas y componentes que no cumplían los estándares establecidos.
Uno de los hallazgos más graves está vinculado al equipamiento médico. La comisión auditora constató que 463 de los 734 dispositivos médicos que fueron valorizados y pagados no se encontraban físicamente en el establecimiento de salud, lo que representa un monto de un millón 789 mil soles. A ello se suma que 214 dispositivos médicos sí hallados no cumplían con las especificaciones técnicas, por un importe adicional de 885 mil 290 soles.
La auditoría también determinó que el ascensor del establecimiento se encontraba inoperativo por falta de componentes esenciales, pese a haber sido valorizado y pagado. Asimismo, se detectaron incumplimientos técnicos en 15 características del ascensor y 17 partidas de instalaciones eléctricas, además de obras civiles inconclusas o no cumplían con las especificaciones técnicas por un monto valorizado de 157 mil 373 soles.
Otro punto crítico es la actuación del Comité de Recepción de Obra, que, lejos de verificar la operatividad de la infraestructura, instalaciones y equipos, se limitó a emitir un pliego de observaciones, sin exigir la subsanación ni aplicar penalidades por retraso al contratista y a la supervisión, como ordena el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El informe cuestiona que el exalcalde y funcionarios de la municipalidad dispusieron que las conciliaciones con el consorcio sean asumidas por una abogada externa y no por el Procurador Público Municipal, en contravención del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. Dichas conciliaciones se suscribieron sin informes técnicos ni legales, e incluso cuando el plazo para conciliar ya había caducado, extinguiendo el derecho del contratista a ese mecanismo.
Pese a ello, se firmaron dos actas de conciliación que limitaron el cobro de penalidades, favorecieron al contratista, al permitir la recepción de una obra inconclusa, aceptando bienes y una carta fianza por montos menores, consolidando así un perjuicio de 521 mil 344 soles por penalidades no cobradas a la contratista y mil 121 soles penalidades no cobradas al supervisor.
La Contraloría concluye que estos hechos transgreden la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento, la Ley Orgánica de Municipalidades y la normativa del Sistema de Defensa Jurídica, afectando el correcto funcionamiento de la administración pública.
CONTRALORÍA SUGIRIÓ DENUNCIA PENAL A LOS RESPONSABLES
Por la gravedad de los hallazgos y el perjuicio económico ocasionado, la Contraloría sugirió abrir un proceso sancionador contra los trabajadores a cargo del órgano de control, el cual podría concluir en una suspensión. Asimismo, sugirió al Procurador Especializado en Delitos de Corrupción, iniciar las acciones penales contra los servidores comprendidos en el informe.
Ellos son: El exalcalde de Cayma, Jaime Chávez Flores; el entonces jefe de Asesoría Jurídica, Jorge Tejada Medina; el gerente de Desarrollo Urbano y miembro del Comité de Recepción de Obras, Carlos Ampuero Riega; los subgerentes de Obras Públicas (encargados) y miembro del Comité e Recepción de Obra, Rodrigo Bermejo Condori y Nancy Pinto Díaz. También tiene responsabilidad penal la abogada Ad Hoc, Alice Román Delgado, quien tenía orden como locadora de servicio.
