Prevención en río Chili (Arequipa) ante aumento de caudal. Foto: MPA.
Prevención en río Chili (Arequipa) ante aumento de caudal. Foto: MPA.

Adolfo de Córdoba, presidente de Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA), informó ayer que solicitará se declare en emergencia la región y no solo 38 distritos, considerando el peligro inminente por las intensas precipitaciones pluviales que se anuncian.

“Vamos a solicitar al COER, Gobierno Regional de Arequipa y al Gobierno central que se declare toda la región en emergencia”, anunció.

NECESIDAD

El representante de los agricultores señaló que la última reunión con los representantes del Senamhi y la Gerencia Regional de Agricultura dejó como conclusión que las lluvias serán intensas en los meses de febrero y marzo.

“A que estar preparados. Las defensas ribereñas no están terminadas, no se realizó la descolmatación en las principales cuencas de Camaná, Majes, Ocoña y Tambo. Es un tema reiterativo; se anunció que las lluvias serán un poco más fuertes que el año pasado”, dijo.

El titular de la SADA espera tener el apoyo necesario de las autoridades, como la entrega de maquinaria amarilla a las juntas de usuarios. “Se prometió en el 2022 y no se cumplió”, apuntó.

Recibió los primeros reportes de afectación de cultivos en las provincias de Caravelí, La Unión y en el distrito de San Antonio de Chuca de la provincia Caylloma. “Estamos en evaluación de las hectáreas afectadas”, afirmó.

Sin embargo, Adolfo de Córdoba resaltó que las represas se encuentran al 50 % de capacidad, que garantiza la campaña agrícola del 2026. “El 90 % de los valles es arrocero. Esperamos que las lluvias estén en las partes altas y no en la parte media ni baja”, dijo.

EMERGENCIA

El Gobierno central declaró estado de emergencia por 60 días calendario a 38 distritos de seis provincias de Arequipa, de acuerdo con el Decreto Supremo N.° 003-2026-PCM, publicado el 9 de enero. Argumentan que existe el alto riesgo de deslizamientos, activación de quebradas, inundaciones y otros eventos asociados a las lluvias.

El decreto precisa que las acciones e intervenciones deberán ser financiadas con el presupuesto institucional de cada gobierno local o regional, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

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