Arequipa cerró 2025 con una de las principales brechas en seguridad e infraestructura educativa: el 33,5% de la población fue víctima de algún delito, mientras que tres de cada diez locales educativos necesitan ser demolidos y reconstruidos debido al alto o muy alto riesgo de colapso.
Las cifras fueron difundidas por el Instituto Peruano de Economía (IPE), que presentó un diagnóstico sobre las principales brechas que deberán enfrentar las próximas autoridades regionales y municipales. El documento recoge indicadores de seguridad, servicios básicos, salud y educación.
En seguridad, la tasa de victimización de Arequipa llegó al 33,5% en 2025, por encima del promedio nacional de 27,1% citado en el informe. El resultado coloca a la región ante el reto de mejorar la prevención del delito y fortalecer la coordinación entre el Gobierno Regional, municipalidades y Policía.
Pero la inseguridad no es la única brecha que enfrentará la próxima gestión. En educación, el problema comienza desde las condiciones físicas de los colegios. Según el informe, tres de cada diez locales educativos de Arequipa requieren ser demolidos y reconstruidos porque presentan un riesgo alto o muy alto de colapso.
A esto se suma que el 28,2% de los 1441 locales educativos evaluados carece de algún servicio básico, lo que evidencia que parte de los estudiantes todavía acude a centros educativos que no reúnen condiciones adecuadas para su funcionamiento.
Las deficiencias de infraestructura coinciden con bajos resultados de aprendizaje. En 2025, solo el 41,1% de los estudiantes de cuarto grado de primaria alcanzó un nivel satisfactorio en lectura, mientras que en matemática el resultado fue de 38,5%. Ambos indicadores registraron un retroceso respecto a 2024.
BRECHAS EN AGUA Y SALUD
El acceso a los servicios básicos también presenta un retroceso. La cobertura de agua pasó de 89,5% de la población en 2017 a 85,8% en 2025. De acuerdo con las cifras citadas por el IPE, esto significa que alrededor de 148 mil arequipeños no cuentan con este servicio.
En salud, la situación de la infraestructura hospitalaria también es crítica. El informe señala que en 2024 el 91,7% de los hospitales de segundo y tercer nivel operaba con capacidad instalada inadecuada.
A ello se suma la baja cobertura de vacunación infantil: en 2025, solo el 60% de los menores de tres años tenía sus vacunas básicas completas, frente al 65,8% registrado como promedio nacional.
El diagnóstico plantea que estas brechas deberán ser atendidas por los distintos niveles de gobierno, con una mejor coordinación en la asignación de recursos y funciones. El IPE propone, entre otras medidas, evaluar el cierre de brechas con resultados concretos y vincular parte del financiamiento al cumplimiento de metas verificables.
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