Áncash: Rechazan cese de prisión solicitado por Juan Carlos Morillo

Un nuevo revés judicial en menos de una semana tuvo el suspendido gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa.

En esta ocasión, el titular del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Áncash, Derby Quezada Blanco, rechazó el pedido de cese de prisión preventiva de nueve meses que había solicitado la defensa técnica de la recluida autoridad por el caso de presunta colusión agravada en la construcción y equipamiento del área COVID-19 del hospital regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote.

La Fiscalía Anticorrupción de Áncash consiguió que se declare infundada la solicitud formulada por el abogado Fernando Ugaz Zegarra, quien alegó que se habrían utilizado documentos falsos en contra de Morillo Ulloa; sin embargo, el juez Quezada Blanco desestimó sus pretensiones.

Durante la audiencia, el titular del Octavo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Áncash, Robert Rojas Ascón, sostuvo que la defensa no presentó ningún elemento nuevo que lo desvincule del hecho en investigación.

“Conforme lo establecen los artículos 138 y 143 de la Constitución Política del Perú, declaro infundada la solicitud de cesación de prisión preventiva presentada por la defensa técnica de Juan Carlos Morillo Ulloa. Déjese precisada la continuación de los efectos de la prisión preventiva dictada mediante resolución número 07 de fecha 10 de diciembre de 2020”, señala el juez en la resolución 3 del 20 de julio de 2021.

Los implicados

Esta medida dictada en diciembre último también alcanza a Jhonny Constantino Muñante Quispe, exgerente del gobierno regional; Juan Wilson Mendo Sánchez, gerente de Administración; Pedro Velezmoro Sáenz, gerente de Infraestructura; y Ángel Velásquez Abanto, subgerente de Abastecimiento.

Así como a William Percy Rojas Vereau, subgerente de Estudios y Proyectos; Jiordano Renzo Alva Pinedo, responsable de la elaboración del proyecto; Italo Bryan Kiyoshi Lon Kan Pérez, encargado de la evaluación del proyecto; y a la representante de la empresa constructora Quimera SAC, Ninel Romero Bartusiak.

Según la Fiscalía, los involucrados participaron en una presunta concertación para favorecer a los representantes de las empresas ganadoras para la obra de construcción y equipamiento del área COVID-19 del hospital regional, valorizada en S/ 10 millones 61 mil soles.

Como sabe, el sábado último la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Áncash también rechazó el recurso de Morillo Ulloa contra la prisión preventiva de 10 meses que pesa sobre él por irregularidades en la adquisición de equipamiento y construcción de ambientes COVID-19 para el hospital Victor Ramos Guardia de Huaraz.