Desde la Contraloría General de la República, citaron que detectaron que 12 municipalidades distritales mantuvieron vínculos comerciales con proveedores que tenían impedimentos legales vigentes para contratar con el Estado, situación que compromete la legalidad y la transparencia en el uso de recursos públicos destinados a las comunidades de Cusco.
De acuerdo a los informes de Acción de Oficio Posterior, esta situación se presenta en las municipalidades distritales de Pichari, Cielo Punco, Ocobamba, Vilcabamba, Echarati, Ocongate, Marcapata, Quispicanchi, Ollantaytambo, Machu Picchu, Kosñipata y Mollepata.
En el caso de la Municipalidad Distrital de Pichari, se evidenció un contrató por S/ 74 514 con una proveedora impedida para contratar con el Estado por ser hermana de un exalcalde. Situación similar se observó en la Municipalidad Distrital de Cielo Punco donde se advirtió la contratación de un asistente técnico que estaba impedido de prestar servicios a la entidad por ser hijo de un exregidor.
Asimismo, en la Municipalidad Distrital de Ocobamba se detectó la suscripción de contratos por S/ 9 300 con una persona sancionada por delitos contra la administración pública. En la Municipalidad Distrital de Vilcabamba se identificaron contratos por alquiler de camión y adquisición de materiales de construcción que suman S/ 107 318, también con un proveedor que mantiene sanción vigente por corrupción.
En la Municipalidad Distrital de Echarati se identificó la contratación de diversos servicios, entre ellos de alimentación y bebidas por S/ 67 001 y S/ 14 450, respectivamente, con proveedores que mantienen vínculo familiar con regidores de la entidad.
Asimismo, en la Municipalidad Provincial de Quispicanchi se pagó S/ 34 489 por la prestación de diversos servicios a una proveedora que tiene hijos en común con un exregidor. En el caso de la Municipalidad Distrital de Marcapata, se contrató por S/ 104 500 a una empresa cuyos accionistas son la hermana y la madre de la hija de un gerente municipal, quien además omitió consignar este vínculo en su Declaración Jurada de Intereses 2025. En esta misma comuna también se pagó S/ 8 500 a una persona con sanción vigente por corrupción.
Por otro lado, la Municipalidad Distrital de Ocongate suscribió un contrato por S/ 31 500 con un proveedor con sanción vigente por corrupción. Situaciones similares se identificaron en las municipalidades distritales de Ollantaytambo y Machupicchu, donde se registraron contrataciones por S/ 2 200 y S/ 6 400, respectivamente, con personas con sanciones vinculadas a delitos de contra la administración pública.
En la Municipalidad Distrital de Kosñipata también se detectaron presuntas irregularidades al identificarse contratos por S/ 56 600 y S/ 4 600 con proveedores sancionados. De igual forma, en la Municipalidad Distrital de Mollepata se contrató por S/ 11 040 a una persona impedida de prestar servicios al Estado. En ambos casos la sanción vigente es por delitos de corrupción.
Estos hechos identificados comprometen la legalidad de las contrataciones municipales al contravenir la normativa vigente toda vez que funcionarios y servidores de las entidades involucradas incumplieron las prohibiciones establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.
La Contraloría General de la República notificó a las autoridades municipales para que, en el ámbito de sus competencias, adopten medidas correctivas y determinar posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados.
