La Contraloría General de la República (CGR) detectó un perjuicio económico de S/ 735,547 en la empresa pública Electro Sur Este S.A.A. debido a la falta de cobro de penalidades a dos empresas contratistas que ejecutaron obras fuera del plazo contractual. Diecisiete funcionarios tienen presunta responsabilidad penal, civil y/o administrativa, sujeta a la potestad sancionadora de la CGR.
El primer caso corresponde al Informe de Control Específico Nº 086-2024-2-0622-SCE, que indica que la entidad contrató a una empresa para mejorar las líneas y redes eléctricas primarias y secundarias en el distrito de Kosñipata, provincia de Paucartambo (Cusco), y en el distrito y provincia del Manu (Madre de Dios).
Según el cuaderno de obra, los trabajos finalizaron el 3 de septiembre de 2020; sin embargo, después de esa fecha, se registraron comprobantes de compra, guías de remisión de materiales y protocolos de prueba de cuatro transformadores instalados en el proyecto, lo que evidencia que la obra no concluyó en la fecha indicada.
La entidad otorgó días adicionales para la culminación de la obra sin aplicar penalidades por el retraso injustificado. En enero de 2021, el inspector verificó y aprobó el levantamiento de observaciones hechas por el comité de recepción, aunque faltaba completar la señalización, que se terminó al mes siguiente.
Los retrasos injustificados sumaron 151 días, los cuales no fueron reflejados en la liquidación de la obra ni advertidos por los servidores de la entidad, lo que impidió el cobro de una penalidad de S/ 333,735 por mora. Asimismo, la empresa contratista no devolvió un saldo de S/ 782 a favor de Electro Sur Este, generando un perjuicio total de S/ 334,518.
Una situación similar se presentó en un segundo proyecto de ampliación del sistema de distribución en redes de media y baja tensión en 15 localidades de Sicuani, llevado a cabo por otra empresa privada, con un costo de S/ 6,875,383.
De acuerdo con el Informe de Control Específico N.º 087-2024-2-0622-SCE, el proyecto inició el 14 de octubre de 2021 con un plazo de 240 días, debiendo finalizar el 10 de junio de 2022; no obstante, para esa fecha aún se realizaban trabajos de montaje electromecánico.
En junio, el contratista comunicó la culminación de la obra a la supervisión, que en julio emitió el certificado de conformidad técnica. Sin embargo, en septiembre, la comisión de recepción verificó que la obra no estaba terminada. Aun así, la entidad procedió con la liquidación y pago, sin considerar las penalidades por los días de retraso, lo que generó un perjuicio de S/ 387,913 y S/ 13,115 adicionales por no aplicar sanciones a la supervisora del proyecto.
Los resultados del informe fueron comunicados al titular de la entidad, al órgano instructor y a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para que se inicien las acciones legales correspondientes contra los funcionarios y servidores implicados, así como a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República.
