Según el informe que presentaron las Fiscalías de Derechos Humanos e Interculturalidad del Distrito Fiscal de Junín, unos 62 casos de la región podrían quedar impunes, por la Ley de Amnistía, que plantea la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos hasta antes del 2002.
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En caso se apruebe el proyecto de amnistía, 33 casos de desapariciones forzadas, 6 casos de torturas y 3 casos de homicidio, serían archivados, así como “el desamparo el pedido de justicia de los directamente agraviados en los 4 casos de tortura, así también el pedido de los familiares de los agraviados en 27 casos, entre ellos delitos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, homicidio, entre otros”, advirtió esta Fiscalía. Además, casos emblemáticos como el de la Universidad Nacional del Centro del Perú, Paccha I y II, caso Evangélicos entre otros, se verían perjudicados.
Pronunciamiento del Ministerio Público y CIDH
Es por ello que la Junta de Fiscales Supremos expresó su postura institucional de rechazo al proyecto de ley, “resulta inviable jurídicamente, toda vez que la acción penal y sanción por los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles con lo cual se generaría impunidad y vulneración del derecho a la verdad de los agraviados y sus familiares”, menciona el comunicado.
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En esa misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) solicitó suspender el trámite de la ‘Ley de Amnistía’ hasta que se pueda conocer cómo impactará en casos La Cantuta y Barrios Altos, asimismo, convoca a los representantes de dichos casos a la Comisión IDH, a una audiencia pública virtual sobre la solicitud de medidas provisionales. La cita será el próximo lunes 17 de junio del 2024, entre las 8:30 y las 10:00.
