Más de un centenar de familias en Viques, Huancayo (Perú), hace seis meses, aseguran que consumen agua potable de un puquial contaminado que emerge del río Mantaro. A pesar de ante la empresa Sedam Huancayo, no son escuchados, por lo que decidieron radicalizar sus exigencias tomando las instalaciones del reservorio de agua de Cuchopuquio, ubicado en este distrito.

Reclamos. Desde las 2:00 de la madrugada de ayer, decenas de pobladores de los diferentes barrios de Viques, se movilizaron hasta el paraje de Cuchopuquio, donde se encuentra el reservorio. No dejaron ingresar al encargado.

“Hace varios meses no tenemos agua potable, pero en nuestros recibos nos llega para pagar 11 soles mensuales. Enviamos un papel (oficio) a Sedam Huancayo para que solucione el desabastecimiento, sin embargo hasta ahora no se pronunciaron”, dijo una vecina.

“A veces tenemos que acudir a manantiales de agua, pero que están sucios porque ahí se lava ropa y otros”, dijo otra de ellas.

Uno de los dirigentes, asegura que el manantial, que lleva el mismo nombre del paraje, podría abastecer sin problemas a toda la población viquesina, no obstante la desidia de la empresa y la mala fiscalización, solo termina con perjuicios a los usuarios.

Son los barrios de San Miguel, Centro, Unión, Los Ángeles, los afectados con el desabastecimiento. El distrito cuenta con dos reservorios de agua potable para una población de 2 mil 237 habitantes, pero solo uno de ellos funciona. “Nos envían recibos con notificaciones de corte de agua, pero ¿qué recorte nos harán, si no tenemos agua potable?”, dijo el representante, Walter Castillo.

Hasta la zona llegaron los representantes de la empresa Sedam Huancayo, Subprefectura distrital, policías de la comisaría de Huayucachi y el burgomaestre de Viques, Raul Huarcaya Salvatierra, quien aseguró que la falta de agua se debe al uso inadecuado que le estarían dando los vecinos de la parte alta que se dedican a la floricultura y cultivo de hortalizas.

Luego de más de 7 horas de protesta frente al reservorio, los representantes de la EPS y autoridades de turno se comprometieron a ubicar tuberías dañadas e identificar fugas; en un plazo de 15 días identificar a los vecinos que utilizan agua potable para riego de sus cultivos, ellos serían amonestados aparte de ser obligados a colocarse micromedidores de agua potable; por último se dio un tiempo de 20 días hábiles para buscar otras alternativas de solución que regule el servicio del líquido elemento.

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