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La Defensoría del Pueblo intervino en la Municipalidad Distrital de El Tambo, luego de que se alertara sobre un posible desalojo de Rafaela Mallma, quien lleva más de un mes encadenada en la puerta del municipio exigiendo el pago de 45 mil soles por trabajos de mantenimiento de vehículos.
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El abogado Mario de la Cruz, representante de la Defensoría, recordó al alcalde Julio César Llallico y a los funcionarios municipales que la protesta de Mallma constituye el ejercicio de un derecho fundamental amparado en la Constitución y que, al no afectar a terceros, cualquier intento de desalojo forzoso configuraría un abuso de autoridad.
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La alerta surgió tras la circulación de un memorial, aparentemente emitido por vecinos del distrito, en el que pedían que la manifestante se retire del lugar. Ante ello, Mallma mostró los documentos que acreditan la deuda reclamada, aunque la comuna insiste en que serían insuficientes para reconocerla.
Mientras tanto, la mujer continúa con su protesta pese a las dificultades de salud ocasionadas por permanecer a la intemperie.