El reciente Plan de Acción Regional contra la Violencia de Género 2023-2026 aprobado por el Consejo Regional de Junín contempla acciones a favor de reducir las agresiones físicas y psicológicas contra la mujer. Sin embargo, en su análisis también muestra cifras preocupantes respecto a lo poco que hace el Estado por protegerlas.
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Entre los años 2015 y 2021 en Junín ocurrieron 49 feminicidios. Mujeres asesinadas cruelmente. Solo en Huancayo ocurrieron 10 de estos casos. El pasado 16 de noviembre la joven Medaly Huamán fue acuchillada por su pareja y se suma a las estadísticas. ¿Qué hace el Estado para proteger a las mujeres? Poco o nada. Durante el debate del plan se mostró que hasta junio de este año, el gobierno regional había gastado solo el 10 % del presupuesto destinado a “servicios de detección y atención inmediata de casos de violencia y tratamiento para menores víctimas de maltrato y violencia sexual”. Tienen 805 mil soles y apenas ejecutaron S/85 mil.
A pesar de esta desatención, el plan presentado por el Consejo Regional de la Mujer vuelve a confiar en estas instancias. En el capítulo tres del plan, referido a la implementación de las estrategias, son las municipalidades, el gobierno regional y las direcciones regionales quienes se deben encargar del trabajo. Cabe resaltar que la Dirección Regional de Educación y de Salud son las principales responsables de que haya un nulo avance la ejecución del presupuesto para la prevención y atención a víctimas.
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La fiscal especialidad en violencia contra las mujeres, Brenda Montenegro, mostró otra de las falencias para la atención a víctimas durante su exposición el pasada miércoles. No existen traductores para atender a quienes hablan lenguas originarias. “Nosotros solicitamos la intervención de la Dirección de Cultura para que nos proporcionen a los traductores, ellos tienen una lista, para quechua wanka, chanca, las lenguas de la selva. Ellos requieren honorarios y el Ministerio Público no maneja ese presupuesto”, indicó.
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A su turno, Teresa Cárdenas, jueza especializada en familia, mostró la necesidad de que sea el gobierno regional de Junín quien lidera de trabajo a través de este plan que contempla “la gestión de hogares de refugio temporal, servicios de protección a las víctimas de violencia, programas y servicios de atención y prevención para varones y personas agresoras”. Pero las cifras, nuevamente, hablan de poco interés del estado. En 2020, la región destinó S/2 037 793 para este tema. Al año siguiente, la cifra bajó: S/ 1 417 578 y este año es mucho menos: S/ 805 393.
Desde el Consejo Regional se ha cuestionado este poco avance presupuestal. Citado para que responde por ello, el director de Salud, Gustavo Llanovarced señaló qué según sus cifras han superado el 60 en este rubro. Lo cierto es que en la práctica hay poca evidencia de que se esté haciendo un buen trabajo sobre ello.
