Han pasado 22 años del gobierno de Alejandro Toledo: su administración la recordamos con rabia e indignación por la relación que mantuvo con la tristemente célebre empresa Odebrecht y la coima de 35 millones de dólares que recibió de esta por la adjudicación de los tramos 2 y 3 de laInteroceánica Sur. 22 años que traen al presente la sentencia del filósofo romano Seneca: «Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía».
El daño que perpetró el “Cholo sano y sagrado” a nuestra patria no solamente ha sido económico por esta megacorrupción sino que sobre todo el daño ha sido moral, porque hasta el momento no ha recibido el castigo que se merece. Con argucias jurídicas y leguleyadas su defensa ha logrado dilatar hasta el momento que la justicia tarde; defensa financiada por sus ex socios de la corrupción que tienen temor que Toledo, una vez en suelo peruano y expuesto a la justicia, opte por colaborar, para menguar su carcelería, y termine por delatarlos y descubrirlos como lo que son: miserables corruptos.
El castigo para este ex presidente delincuente tiene que ser ejemplar, por lo cual esperemos que el Poder Judicial sepa medir no solamente el daño en términos físicos y cuantitativos, sino que también sopese el daño moral que infligió a la nación.
No me equivoco al decir que Alejandro Toledo fue el peor presidente del Perú; máxime si consideramos que la más alta magistratura de nuestro país fue ejercida por un ser borracho, corrupto, mentiroso. Por esto, planteamos que el Congreso debería retirarle inmediatamente el «inaceptable existente sueldo vitalicio» que tienen los expresidentes; asimismo, también debería retirársele cualquier medalla o condecoración que se le hubiere otorgado. Es la única forma de superar la tardanza de la justicia.
