El ministro de Justicia, Enrique Alcántara Medrano, salió al frente de las críticas contra la reciente Ley de Amnistía promulgada por la presidenta Dina Boluarte. Durante su visita a Huancayo, aseguró que la norma no busca impunidad para militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos, sino “cerrar heridas” y poner fin a procesos judiciales que llevan más de tres y hasta cuatro décadas sin resolverse.
Declaraciones
“Un país que se dice respetuoso de la ley no puede mantener procesos abiertos durante décadas. La propia Convención Interamericana establece que la justicia debe respetar plazos razonables”, afirmó.
Sostuvo que la norma también busca consolidar la pacificación nacional y que no está diseñada únicamente en beneficio de policías y militares, sino también de los comuneros que enfrentaron al terrorismo en primera línea.
Ante las críticas de familiares de víctimas y organizaciones que consideran que la norma favorece a las Fuerzas Armadas y la Policía, el ministro subrayó que “el Perú es un país democrático, cada persona tiene derecho a expresar su posición. Pero las instancias judiciales serán finalmente las que determinen si se aplica o no la amnistía”.
El titular de Justicia, además, ratificó su respaldo a la medida en su calidad de exfiscal. “Respaldo la ley porque un proceso no puede ser interminable. No es perfecta, toda obra humana es perfectible, pero creemos que contribuye a cerrar una brecha de pacificación en el país”.
Terrorismo
Asimismo, se refirió al reciente atentado en el norte del país y señaló que se trata de un ejemplo del “terrorismo urbano”, una nueva modalidad criminal que combina delitos como extorsión y sicariato con la generación de terror en la población. “Ya existen estudios que hablan de nuevos terrorismos, y el terrorismo urbano daría mejores herramientas al Ministerio Público y al Poder Judicial para combatir estas amenazas”, dijo.
Vizcarra
Sobre la posibilidad de trasladar al expresidente Martín Vizcarra de Barbadillo a otro penal, precisó que será decisión del INPE, organismo autónomo, y que el Ministerio de Justicia solo supervisará que las acciones estén debidamente justificadas.
