La Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) habría sufrido un perjuicio económico de más de S/2,1 millones tras un proceso de negociación colectiva promovido por el sindicato de trabajadores de limpieza pública, en el que se registraron reuniones y gestiones de la ex congresista Isabel Cortez Aguirre con dirigentes sindicales y funcionarios municipales. La comuna ha remitido el caso al Ministerio Público para que se determine si estas intervenciones, sumadas a presuntas omisiones de funcionarios municipales, permitieron que el sindicato obtuviera beneficios económicos mediante un arbitraje en el que la MPH no habría ejercido adecuadamente su defensa.

Los hechos

Los antecedentes se remontan al 16 de octubre de 2024, cuando Cortez solicitó al alcalde de Huancayo una reunión “con carácter de urgencia” para abordar la situación de los trabajadores. El encuentro se realizó el 21 de octubre y participaron la congresista, dirigentes del SITRALIM, funcionarios municipales y Luis Fernando Calderón Vargas, entonces asesor de Cortez e hijo del abogado Rogers Calderón, quien brindaba asesoría al sindicato.

El 3 de enero de 2025, el SITRALIM presentó su pliego de reclamos 2025-2026. Según la documentación remitida al Ministerio Público, el expediente permaneció 24 días sin una actuación sustancial en la Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos. La MPH sostiene que vencieron los plazos para observar el pliego y para instalar la comisión negociadora. Estas omisiones son atribuidas preliminarmente al subgerente Charles Yupanqui Martínez.

El 10 de marzo se realizó la audiencia de conciliación sin participación de la MPH. El proceso pasó a arbitraje y, el 31 de marzo, el Tribunal Arbitral requirió información financiera y presupuestal a la comuna. Según la documentación municipal, el procurador Edgar Fernández Palacios no habría comunicado oportunamente el requerimiento, por lo que la información no fue presentada dentro del plazo.

La MPH tampoco presentó propuestas finales oportunamente. Tras posteriores cuestionamientos al arbitraje, el 10 de noviembre de 2025 el Tribunal emitió el laudo que reconoció beneficios económicos al sindicato.

El caso adquiere relevancia por sus similitudes con otro episodio, relacionado con Luis Fernando Calderón Vargas y una demanda del sindicato de trabajadores de Reniec por más de un millón de soles.

Según el gerente municipal Jhoselim Meza, la MPH considera que las coincidencias entre ambos casos (sindicatos), intervención de Cortez y participación del entorno de Calderón deben ser investigadas para determinar si existe algún patrón de actuación.

Consultado por los cuestionamientos, el secretario del SITRALIM Isaías Meza, reconoció haber acudido en varias oportunidades al despacho de la excongresista Cortez. Señaló que conocía a Rogers Calderón, padre de su ex asesor, y sostuvo que este último no fue abogado del sindicato, aunque sí habría recibido asesoramiento externo.