“No hace falta endurecer las penas, hace falta capturas”. Con esta posición, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, Ricardo Corrales Melgarejo, marcó distancia frente al debate sobre el incremento de las sanciones penales como respuesta a la inseguridad ciudadana. Para el magistrado, el problema no está en la falta de penas más severas, sino en conseguir que los delincuentes sean identificados, perseguidos y detenidos para evitar la impunidad.

Corrales calificó de “delincuencia desbocada” la situación que atraviesa el país y alertó sobre el avance de delitos como el sicariato. En ese contexto, sostuvo que la lucha contra la criminalidad debe concentrarse en fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de investigar y perseguir los delitos.

En esa línea, el titular de la Corte de Junín hizo un llamado a la presidenta Keiko Fujimori para que priorice el fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. Consideró necesario dotar a ambas instituciones de presupuesto, tecnología y equipamiento para mejorar su capacidad operativa y concretar las capturas.

“Debe implementar, reforzar, fortalecer, darle las armas que necesite, el presupuesto, la tecnología a la policía y a la fiscalía en la lucha contra la criminalidad”, demandó Corrales Melgarejo.

El magistrado también se pronunció sobre los cuestionamientos a las resoluciones judiciales y señaló que “cada ciudadano, cada político tiene derecho a cuestionar las resoluciones de un juez”. Sin embargo, remarcó que estos cuestionamientos no deben afectar la independencia de los magistrados ni los procedimientos establecidos para evaluar su actuación.

Sobre los casos de jueces investigados por presuntas inconductas o prevaricato, como el relacionado con Colcabamba, Corrales expresó su confianza en los mecanismos disciplinarios. “Ese juez se sabrá defender ante la Junta Nacional de Justicia”, sostuvo, al señalar que corresponde a esta institución resolver estos procesos con independencia, autonomía e imparcialidad.

Finalmente, Corrales Melgarejo planteó una gran alianza entre jueces, fiscales, policías y defensores públicos para enfrentar de manera coordinada al crimen organizado. A su juicio, además de las normas, se necesitan instituciones fortalecidas y con capacidad para actuar de manera efectiva frente a la delincuencia.