En horas de la madrugada se realiza un operativo de allanamiento e incautación con descerraje a 17 viviendas en Lima y la región Junín, esto en el marco de la investigación que se le sigue a Vladimir Cerrón por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada en agravio del Estado y el gobierno regional de Junín.

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Se trata de 17 inmuebles - 16 en Junín y uno en Lima- incluidos la sede del Gobierno Regional de Junín, las viviendas de Vladimir Cerrón Rojas, Fernando Orihuela Rojas (gobernador regional de Junín quien recientemente pidió licencia sin goce de haber para postular en las próximas Elecciones Regionales y Municipales) y otros.

Con el objetivo de buscar recolectar e incautar información sobre los contratos que prueben los delitos de colusión agravada, negociación incompatible y cobro indebido, en el caso de contratación de cuatro efectivos policiales (entre ellos Carlos Wilfredo Zarate Villalobos, Yrineo Rodolfo Perales López y Edwin Mamani Cáceres ) que brindaron servicio de seguridad y resguardo al gobernador regional de Junín entre los años 2019 y el 2021, por el que aparte de su sueldo percibieron una “bonificación especial” de mil soles mensuales.

Esta bonificación fue aprobada en el año 2019 mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 125-2019-GRJUNIN/GR. Sin embargo a decir de la investigación se habría realizado con normas derogadas, existiendo una defraudación del Estado. Carlos Wilfredo Zarate Villalobos y Edwin Mamani Cáceres, registran en el 2019 12 ordenes de pago haciendo la suma de S/12 mil cada uno, y en el caso de Yrineo Rodolfo Perales López, registra 11 ordenes de pago con un monto de S/11 mil.

Allí no queda todo. En el año 2020, ya con Fernando Orihuela como gobernador, debido a la inhabilitación por sentencia judicial de Vladimir cerrón, es él quien ahora gestiona la continuidad del pago de bonificación hasta el 31 de mayo y del 1 de junio al 31 de julio de dicho año; también a favor de los tres efectivos. En agosto de ese año, ingresa a brindar servicio de seguridad el efectivo Staling Josep Aliaga Ortega quien también forma parte de los bonos recibidos. Esta vez son 4 efectivos los que reciben el adicional hasta el 31 de diciembre. Y en el 2021 la misma situación de enero a mayo.

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También por los contratos celebrados entre Oscar Alexis Misayauri Villalobos y Gregoria Aydee Villalobos Cerrón, familiares de Carlos Wilfredo Zarate Villalobos, con el GRJ, en los que se evidenciaría presunto favorecimiento.

El operativo fue autorizado por el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial Especializada en Corrupción de Funcionarios y está a cargo del fiscal Rodrigo Mera de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios. La orden judicial también autoriza la apertura de instrumentos para comunicaciones, telecomunicaciones y sistemas informáticos.

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