En una conferencia de prensa realizada en la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huancayo, la titular de la Fiscalía Provincial contra la Criminalidad Organizada de Junín (FECOR), Teresita Maraví Geri, brindó detalles reveladores sobre el operativo “Tormenta Huanca 2026”. Aunque la diligencia logró desarticular a la organización “Los Tecnológicos del Mantaro”, la magistrada lanzó una dura crítica contra el marco legal vigente, señalando que la normativa actual terminó favoreciendo a parte de la red criminal.
La fiscal Maraví fue enfática al denunciar que el Ministerio Público se vio atado de manos por la reciente Ley 32130,considerada una ley procrimen. Según explicó, esta norma impone un límite de apenas 60 días para realizar escuchas telefónicas, una herramienta que resultó vital para el caso pero que fue insuficiente debido a los plazos recortados. Maraví aseguró que, de no haberse promulgado dicha ley, el número de inmuebles allanados y de delincuentes capturados habría sido significativamente mayor, pues la fiscalía tuvo que detener seguimientos que estaban en curso.
El celular de Alexandra Sobrevilla: La pieza clave
Uno de los puntos más impactantes de la intervención fue el hallazgo de la ruta del celular de la joven Alexandra Sobrevilla Cortijo, asesinada en 2024. La fiscalía logró determinar, mediante testimonios de internos del penal de Huamancaca y un exhaustivo seguimiento de inteligencia, que el equipo fue vendido a la cabecilla de la organización, Flor de María Curazma Clemente (alias “Florcita”), el mismo día del crimen. Debido a la gravedad del hecho y para borrar el rastro de sangre, el dispositivo fue enviado hasta la ciudad de Chiclayo, donde finalmente fue recuperado por el Ministerio Público tras un viaje de investigación a dicha región.
Una organización “Blindada” por la corrupción
La organización no solo se dedicaba al robo físico, sino que operaba bajo una estructura de impunidad que incluía protección institucional. Durante las diligencias, se capturó a tres suboficiales de la PNP en actividad, quienes cumplían funciones clave dentro de la red. Asimismo, se identificó un brazo legal compuesto por abogados encargados de fabricar documentación falsa para recuperar bienes incautados. La solvencia de la banda quedó evidenciada con el hallazgo de 25,000 dólares en efectivo en poder de la madre de la cabecilla, Julia Capani, dinero que se presume proviene del saqueo de cuentas bancarias mediante la suplantación de identidad.
Falta de presupuesto y logística
Finalmente, la magistrada lamentó las precarias condiciones en las que labora el equipo de la FECOR, bajo el mando del doctor Juan Carlos Rodríguez Sosa. A pesar de contar con un presupuesto bajo y la falta de asistentes administrativos, la fiscalía reafirmó su compromiso de seguir luchando contra el crimen organizado en Huancayo. Maraví instó a la ciudadanía a continuar denunciando estos hechos, mientras el Ministerio Público procesa las evidencias encontradas en los 32 inmuebles allanados para asegurar sentencias condenatorias contra los 16 detenidos.
