La Defensoría del Pueblo cuestionó el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por una supuesta discriminación con aquellas personas sordomudas, esto al no incluir un intérprete de lenguaje de señas en el debate electoral en Huánuco/Foto: Difusión
La Defensoría del Pueblo cuestionó el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por una supuesta discriminación con aquellas personas sordomudas, esto al no incluir un intérprete de lenguaje de señas en el debate electoral en Huánuco/Foto: Difusión

La defensora del Pueblo, en , Lizbeth Yllanes Nauca, cuestionó el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por una supuesta discriminación con aquellas personas sordomudas, esto al no incluir un intérprete de en los últimos debates electorales regionales.

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Cabe señalar que, la Ley N° 29535, que otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana dispone que todo institución pública o privada que brinda atención al público tiene la obligación de implementar el servicio de interprete de lengua de señas en sus atenciones.

“Es obligación del Jurado Nacional de Elecciones establecer las adaptaciones necesarias para garantizar el acceso a la información del proceso electoral. Los ciudadanos sordos tienen los mismos derechos que los demás electores para participar y conocer las propuestas de sus y, así ejercer su derecho al voto informado”, cuestionó Yllanes.

A su vez, la recibió una serie de demandas de la comunidad sorda de Huánuco, quienes expresaron su disconformidad al sentirse excluidos de este proceso electoral, ya que no hubo accesibilidad en la información que les permitiera conocer las propuestas para la región y sus distritos. Tanto en el debate distrital como regional, ambos televisados, el obvio la inclusión de un intérprete de este lenguaje. “La institución en su rol de mecanismo independiente encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación en el Estado peruano de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, continuará vigilante en el proceso electoral”, advirtió la defensora.

A fin de garantizar que las personas con discapacidad puedan participar y ejercer su derecho al voto en igualdad de oportunidades .

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