La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Huánuco dispuso el inicio de acciones inaplazables y urgentes a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP) para recuperar los ejemplares de oso de anteojos o sus restos, que habrían sido sacrificados por pobladores de los centros poblados de Marcapuyán y Riscupa, en el distrito de Churubamba. Los presuntos responsables se encuentran en proceso de identificación.
La disposición fue emitida por el fiscal provincial César González Ramos, mediante el oficio N.º 2371-2025-MP-FEMA-Huánuco. El documento también ordena realizar constataciones domiciliarias y establecer la identidad plena de quienes estarían implicados en la muerte de una osa adulta y sus dos oseznos.
Según informó el Ministerio Público, las diligencias se iniciaron de oficio luego de que la institución tomara conocimiento de los hechos, denunciados públicamente a través de las redes sociales. Asimismo, en atención a los principios de economía y celeridad procesal, el caso fue comunicado a la Región Policial Huánuco mediante sus canales oficiales internos.
Las acciones policiales se sustentan en los artículos 9, 66, 205 y 208 del Código Procesal Penal, invocados por la FEMA para realizar las intervenciones correspondientes, recuperar los restos de los animales y desarrollar las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido e identificar a los presuntos responsables.
El oso de anteojos, también conocido como oso andino (Tremarctos ornatus), está clasificado como una especie vulnerable en el Perú. Además, el Decreto Supremo N.º 004-2014-MINAGRI establece medidas de protección que prohíben su caza, captura, tenencia y comercio, conforme a la normativa vigente.
En tanto, el Ministerio Público y la Policía Nacional continúan con las diligencias para determinar las circunstancias en las que murieron la osa y sus dos crías, así como establecer las responsabilidades penales que correspondan.
De acuerdo con la información proporcionada para el caso, los presuntos implicados podrían ser investigados por el delito de depredación de flora y fauna silvestre agravada, cuya sanción penal se ha señalado entre tres y cinco años de prisión. La calificación jurídica y la pena aplicable deberán determinarse conforme a las circunstancias acreditadas y la legislación vigente.
