El consejero por la provincia de Dos de Mayo, Rubén Adrián Facundo presentó ante el Ministerio Público una denuncia en contra del gobernador Antonio Pulgar Lucas, afirmando que incumplió la Constitución Política al mantener en su puesto a uno de sus funcionarios de confianza pese de haber sido sentenciado e inhabilitado para ejercer cargo público en un proceso judicial por corrupción.
DENUNCIA. El consejero recuerda que, en octubre del 2023, mientras Edwin Fernández Cotrina era director de Abastecimiento del Gobierno Regional, fue sentenciado por el Poder Judicial, pero, a sabiendas de la sentencia, el gobernador lo mantuvo en el cargo hasta el 28 de diciembre.
“La situación de Fernández se adecuaba al artículo 39-A de la Constitución Política del Perú, en el que se prescribe que están impedidas de ejercer la función pública, mediante designación en cargos de confianza, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia”, refiere el consejero en la denuncia interpuesta.
Recuerda que el Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional también advirtió la ilegalidad en el caso de Edwin Fernández y recién entonces fue cesado. La directora de Recursos Humanos, Carla Sotil Ponce, adujo entonces en que la demora para esa decisión fue por dudas sobre la aplicación de la sentencia».
ADJUICACIONES. “Durante el tiempo que estuvo en el cargo tras la sentencia, Fernández Cotrina formó parte del Comité de Selección que adjudicó la buena pro para la construcción del centro de salud de Huacaybamba, una obra de casi 55 millones de soles”, sostuvo el consejero.
Tras afirmar que luego de conocer el hecho, en diciembre solicitó que se anule la adjudicación del centro de salud de Huacaybamba, ya que la participación de un miembro inhabilitado en el comité de selección, dice, vicia el proceso.
El asesor jurídico del Gobierno Regional, Raúl Oyarce, respondió que, como consejero regional, Facundo no puede impugnar la adjudicación. Facundo aclara que no estaba impugnando, “sino denunciando una transgresión a las normas que regulan las contrataciones del Estado”, argumentó
