El derecho al agua y la salud de la población de Marabamba (Huánuco) requiere una atención inmediata por parte de las autoridades competentes para evitar consecuencias legales.
En caso de confirmarse la contaminación de la población y la inacción de las autoridades pertinentes, el defensor del Pueblo Marco Durand, advirtió que estas podrían enfrentar denuncias legales, similar a como se denuncian el plomo en la sangre de niños afectados por relaves mineros.
Durand Rocca ha destacado que tanto el gobierno regional como la municipalidad de Huánuco cuentan con presupuestos destinados a proyectos de agua y saneamiento, siendo su responsabilidad priorizar estos recursos para garantizar el derecho al agua, reconocido como un derecho universal y humano.
La omisión de estas instituciones en asegurar el acceso a este recurso vital podría ser considerada como un acto de negligencia en sus funciones e incluso como un crimen contra la humanidad.
Insta a las autoridades
El defensor del pueblo ha instado a las autoridades competentes, coordinar esfuerzos urgentes para implementar una planta de tratamiento destinado a la población de Marabamba.
Esta medida se presenta como la única forma de proteger a los ciudadanos de posibles enfermedades con consecuencias trágicas derivadas del consumo de agua con restos de animales muertos y alta turbidez.
El canal de Cozo - Kotosh a lo largo de sus 22 kilómetros no solo está contaminado, sino que también cruza un área que fue un depósito de basura, contribuyendo significativamente a su contaminación.
En una reciente entrevista, el defensor del pueblo, ha explicado sobre la crítica escasez de agua que está afectando a aproximadamente 7 mil familias en Marabamba y Pichipampa.
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