“El presidente nos ofreció el 6 % del PBI para educación, nos ofreció el nombramiento de maestros, pero hoy vemos la corrupción en el ministerio tras filtración de la Prueba Única Nacional”, dijo la secretaria regional del Sindicato Unitario de Trabajadores por la Educación del Perú (Sutep) – Huánuco, Carmen Medina Valerio, durante su participación en la marcha nacional organizada por su gremio.
El reducido grupo de profesores huanuqueños que salieron a protestar exigen la nulidad de la cuestionada Prueba Única de Nombramiento de Docentes 2021; asimismo, piden la destitución del titular del Ministerio de Educación (Minedu), Carlos Gallardo.
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Por su lado, el Sindicato Magisterial de Trabajadores en Educación de la Región (Simater), liderado por Yim Collazos, señaló en su momento que el ministro de Educación, hace oídos sordos a los reclamos por parte de los maestros que sí rindieron su evaluación sin trampas. Cabe mencionar que este sindicato está afiliada a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación (Fenate), cuyo fundador es el actual presidente de la República.
Finalmente, los docentes liderados por Collazos solicitan la anulación del examen de nombramiento por tener vicios.
Fiscalía intervino ambientes del Minedu e INEI
Luego de la denuncia por filtraciones de la prueba para el nombramiento docente, el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia abrió una investigación preliminar para encontrar a los responsables.
En esa línea, Abia, su equipo y la Policía intervinieron el último lunes las sedes del Ministerio de Educación (Minedu) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para buscar indicios sobre las presuntas irregularidades en la aplicación de la evaluación que rindieron, el pasado 13 de noviembre, más de 250 mil profesores.
“Entre la documentación requerida por el fiscal se encuentra la relación de los funcionarios y servidores que tuvieron acceso a todas las etapas de preparación del examen, así como la relación de personas que tenían a su cargo la custodia de los exámenes”, precisó el Ministerio Público en comunicado.
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Además, Abia requirió acceso a los servidores del Minedu y a los correos electrónicos de quienes elaboraron la prueba, así como a otros archivos digitales y la relación de ingresos y salidas a las áreas vinculadas al proceso del examen docente.
DILIGENCIAS. Luego, el fiscal se dirigió al INEI para pedir otros documentos físicos y digitales. Abia informó que 100 funcionarios de dicha entidad participaron en la distribución y custodia de los exámenes, así como del recojo de los resultados de la evaluación. A ellos, se les requirió toda la documentación del caso.