El Pleno del Congreso de la República aprobó la Moción 19978, mediante la cual se otorgan facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría por un plazo de 60 días hábiles, prorrogables, para indagar presuntas irregularidades en 32 obras paralizadas y contratos suscritos con la empresa Grupo Pérgola SAC. por el Gobierno Regional de Huánuco (GRH), durante la gestión del gobernador Antonio Pulgar Lucas.
INVESTIGARÁN OBRAS POR 2500 MILLONES DE SOLES
De acuerdo con la moción aprobada, la investigación comprenderá los procesos de adjudicación, ejecución y paralización de obras públicas, por su presunto impacto institucional y financiero en la región Huánuco. Informes del Congreso señalan que Grupo Pérgola S.A.C. habría obtenido contratos superiores a S/ 2 500 millones con diversos gobiernos regionales, lo que refuerza la necesidad de un examen exhaustivo.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Hernán Vergara Mendoza, explicó que la medida permitirá inspecciones en campo, revisión de documentos oficiales y requerimientos de información a entidades vinculadas, con el fin de identificar posibles responsabilidades administrativas o penales.
HAY SERIOS CUESTIONAMIENTOS
La actual administración regional enfrenta serios cuestionamientos por el retraso y presunta sobrevaloración de proyectos emblemáticos como la carretera Chaglla–Pozuzo, el hospital de Baños (Lauricocha), el hospital Hermilio Valdizán, el hospital de Tingo María, la Alameda y el Malecón Walcker Soberón en Tingo María, el puente Aucayacu, la avenida Pillco Marca, la adquisición de maquinarias para la Dirección Regional de Transportes, y el complejo deportivo de Paucarbamba, entre otros.
Asimismo, se investiga la presunta complicidad de funcionarios, asesores e ingenieros del GRH, así como la omisión en el rol fiscalizador de algunos consejeros regionales, quienes habrían permitido irregularidades en la ejecución y valorización de los proyectos. De comprobarse responsabilidades, los implicados podrían afrontar sanciones penales y administrativas.
La población huanuqueña sigue de cerca el caso, que involucra la gestión de recursos públicos destinados a obras de alto impacto social. El resultado de la investigación podría derivar en denuncias ante el Ministerio Público y en propuestas legislativas para fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la inversión pública regional.
