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El jefe de la Oficina Defensorial de Huánuco, Marco Octavio Durand Rocca, se pronunció sobre la situación de dos docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Glicerio Gómez Igarza de Llata, quienes estarían involucrados en delitos graves.
Señaló que corresponde aplicar lo dispuesto en el Decreto de Urgencia n.° 019-2019, que ordena la separación definitiva o destitución automática de personas con condenas penales.
INSTA QUE LA DREH INTERVENGA
Durand Rocca indicó que el director regional de Educación, Kelvin Álvarez Matos, debe instruir a la Oficina de Personal y a la Dirección de Institutos Superiores para que realicen el seguimiento correspondiente. “Esa oficina ya debió actuar de oficio con la información hecha pública. La responsabilidad recae principalmente en el área administrativa encargada del personal”, precisó.
Asimismo, la Defensoría señaló que la Dirección Regional de Educación (DRE) debe exigir al instituto de Llata un informe en un plazo perentorio sobre la situación de los docentes involucrados. De existir inacción o resistencia por parte de la Comisión de Procesos Administrativos, la responsabilidad también alcanzaría al propio Director Regional, siempre que el caso haya sido puesto en su conocimiento.
ACCIONES DEFENSORIALES
Durand Rocca informó que la Defensoría del Pueblo iniciará un proceso de fiscalización tras conocer el caso a través de los medios de comunicación, con el fin de emitir una recomendación formal.
Advirtió que la falta de intervención de la DRE podría vulnerar derechos fundamentales, especialmente los de los estudiantes del instituto, quienes deben recibir formación de profesionales plenamente habilitados, y no de personas con antecedentes penales.
Finalmente, aclaró que los docentes implicados no pueden alegar afectación a su derecho laboral:“Ellos no pueden ejercer su labor porque su derecho está restringido por una sentencia o una intervención en flagrancia. No pueden afirmar que se vulnera su derecho laboral; por el contrario, son ellos quienes afectan los intereses de los estudiantes y del Estado al recibir una remuneración para la que no están facultados”, concluyó.
