Huánuco: denuncian almacenamiento inadecuado de víveres sobrevalorados
La Contraloría General de la República concluyó que existió un direccionamiento a favor de un postor en la millonaria compra de volquetes realizada por el Gobierno Regional de Huánuco (GRH) en 2023, y atribuyó responsabilidad penal al gobernador regional Antonio Pulgar Lucas y a otros 25 funcionarios.
Según el informe de auditoría, antes incluso de la convocatoria pública, el postor que finalmente ganó la licitación ya había mandado a fabricar las tolvas de sus camiones con las medidas exactas que luego exigirían las bases del proceso, lo que demostraría que conocía de antemano que sería el ganador de una contratación valorizada en más de 21 millones de soles.
La auditoría corresponde a la cuestionada adquisición de 18 volquetes, efectuada como parte del proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios misionales de la Dirección Regional de Transportes.
El informe fue remitido a la procuradora anticorrupción, Kupskaia Beraún, para que inicie las acciones legales correspondientes contra los presuntos responsables.
Sobrevaloración del costo estimado
La Contraloría señala que el direccionamiento comenzó desde el estudio de mercado, etapa en la que se elaboró el valor estimado de la compra utilizando únicamente tres cotizaciones, todas provenientes de empresas vinculadas entre sí.
Una de ellas, Gruppo Ambientale, integró posteriormente el consorcio ganador. Otra fue Perú Business Corporation, empresa del mismo grupo familiar, cuyos propietarios son esposos. La tercera fue Carrión Automotriz, que luego facilitó su taller para cumplir con el mantenimiento de los volquetes adjudicados.
“Se evidenció la vinculación e intereses en común entre las tres empresas consideradas en la validación de cotizaciones para la determinación del valor estimado”, señala el informe. Pese a que otras empresas presentaron propuestas con montos menores, estas no fueron consideradas, lo que —según la Contraloría— habría permitido obtener un valor estimado inferior.
Además, las cotizaciones usadas para fijar el precio incluían costos por mantenimiento preventivo, pese a que las bases exigían que este servicio fuera gratuito. Finalmente, el valor estimado de la compra se fijó en 21 millones 171 mil soles.
Modificación de bases y única oferta
Tras publicarse la convocatoria, solo se presentó una oferta: la del Consorcio Soluciones de Infraestructura, integrado por Máxima Internacional y Gruppo Ambientale, representado por Carlos Jesús Potesta Valencia, empresario que registra una sentencia previa por corrupción en la venta de maquinaria pesada a una municipalidad de Piura.
El primer proceso fue declarado desierto por incumplimiento de requisitos. Sin embargo, el 30 de octubre de 2023 se lanzó una segunda convocatoria y nuevamente el mismo consorcio fue el único postor, adjudicándose la buena pro por 21 millones 42 mil soles.
Para que ello ocurriera, se modificaron las bases del proceso, a solicitud de la empresa Sigma Equipment, también vinculada a Potesta, aunque no presentó oferta. Se cambió el requisito de la declaración jurada por la exigencia de una licencia de funcionamiento del taller, lo que —según la Contraloría— contravino las bases estándar y favoreció directamente a Gruppo Ambientale, que ya con un contrato de taller autorizado con Carrión Automotriz desde el 2 de octubre de 2023.
Asimismo, a pedido de Perú Business, se modificó sin sustento técnico el tamaño de los neumáticos, pasando de 20 a 24 pulgadas, lo que constituyó una restricción para otros posibles postores.
Tolvas fabricadas antes de la convocatoria
Uno de los indicios más contundentes de presunto direccionamiento es que la empresa Perú Business, vinculada familiarmente a Gruppo Ambientale, ordenó fabricar las tolvas de 18 camiones tres días antes de que se publique la segunda convocatoria.
La Contraloría halló una orden de producción fechada el 27 de octubre de 2023, en la que se consignaban características y dimensiones que coincidieron exactamente con los requisitos que luego fueron establecidos en las bases integradas del proceso.
Para el órgano de control, este hecho «denota la seguridad del Consorcio Soluciones de Infraestructura de atribuirse la buena pro», confirmando así el presunto favorecimiento en la contratación.
