La Defensoría del Pueblo en Ica cerró el año 2025 con 3,094 casos atendidos, una cifra que confirma un incremento sostenido de la demanda ciudadana y que supera ampliamente los 2,182 casos registrados en 2024. El balance anual fue presentado por la Dra. Janet Álvarez Quispe, jefa de la Oficina Defensorial de Ica, quien advirtió un aumento cercano al 20 % en el número de quejas respecto al año anterior.
Balance del año 2025
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, la oficina defensorial atendió 1,785 consultas, 1,016 quejas y 293 petitorios. Del total de quejas, 785 fueron concluidas, mientras que 231 continúan en trámite.
“Durante el 2025 hemos recibido más de tres mil casos en la región Ica. Más del 53 % corresponde a consultas, alrededor del 25 % a quejas y el resto a petitorios. Esto demuestra que muchas personas siguen encontrando obstáculos para que sus derechos sean atendidos oportunamente”, señaló Álvarez Quispe.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se mantiene como la entidad con mayor número de quejas. Los penales de Ica y Chincha concentraron 178 reclamos, principalmente por deficiencias en la atención de salud, hacinamiento, falta de medicamentos, demoras en traslados y retrasos en la entrega de canastas alimentarias.
“Tenemos una población penitenciaria que supera las ocho mil personas entre ambos penales y sigue incrementándose. El hacinamiento es un problema estructural que debe ser atendido de manera urgente, incluso retomando el proyecto del mega penal en Santiago”, indicó la funcionaria.
La Defensoría también identificó casos de internos que no fueron liberados pese a contar con orden judicial, así como problemas documentarios en traslados desde Lima.
“Hemos encontrado personas que permanecieron hasta cinco días más privadas de su libertad. Cuando los familiares activan el pedido de intervención, iniciamos las investigaciones para que se adopten los correctivos correspondientes”, precisó.
Demoras administrativas en municipios
Las municipalidades provinciales y distritales de Ica, Chincha, Santiago, Parcona, Subtanjalla, Pisco y otros distritos acumularon 173 quejas, vinculadas principalmente a demoras administrativas, falta de respuesta a denuncias y solicitudes de acceso a la información pública.
“Los documentos pasan de un área a otra sin seguimiento, no se respetan los plazos legales y el ciudadano termina siendo el más perjudicado. Hay una clara falta de ordenamiento administrativo que debe corregirse”, explicó Álvarez Quispe.
Entre las entidades señaladas por incumplir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública figuran la Municipalidad Provincial de Ica, la Municipalidad Provincial de Chincha, la Municipalidad Distrital de El Ingenio y el Hospital Santa María del Socorro.
En el sector Salud, se registraron 119 quejas, principalmente por demoras en la emisión del certificado de nacido vivo, deficiente atención médica y falta de personal en establecimientos de Pisco, Ica y distritos como San Joaquín.
“Recogimos situaciones preocupantes, como partos sin atención adecuada y centros de salud que quedaron sin personal por término de contratos. Son hechos que requieren una intervención inmediata del sector”, sostuvo la jefa de la Oficina Defensorial.
El sector Educación acumuló 54 quejas, relacionadas con trámites administrativos, presuntos casos de maltrato, discriminación y violencia escolar, así como falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades educativas.
A ello se sumaron reclamos por servicios de saneamiento, agua potable y electricidad, especialmente por desabastecimiento y deficiente atención de reclamos, en empresas prestadoras de Pisco y otros distritos.
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