La reciente difusión en redes sociales de información que advertía sobre un supuesto embargo o pérdida del General de Saraja, en Ica, generó preocupación entre la .

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En respuesta, el presidente de la Sociedad de Beneficencia de Ica, Carlos Ramos, aclaró que no existe ninguna sentencia vigente ni disposición judicial que ponga en riesgo la continuidad del camposanto, donde reposan miles de difuntos.

Ramos explicó que el terreno del cementerio fue cedido a la beneficencia mediante el Decreto Supremo N.° 013-74, lo que acredita su propiedad. No obstante, en 1995, la señora Yolanda Leal Huamán viuda de Chávez interpuso un proceso judicial de reivindicación, el cual derivó en una sentencia en 2012.

El funcionario recordó que la sentencia solo contempló una tasación de bienes de la beneficencia en la calle Tacna, valorados en más de un millón de soles, como garantía del proceso. Sin embargo, aclaró que nunca se ejecutó ninguna medida de embargo ni desalojo, y que en los últimos años no se ha recibido notificación judicial alguna que comprometa la administración del camposanto. “Desde que asumí la presidencia en enero del 2023, no existe proceso activo ni resolución que ordene acciones contra la beneficencia”, enfatizó.

Asimismo, Ramos relató que, en 2024, un supuesto heredero de la familia demandante intentó gestionar un cobro, pero nunca presentó documentos de sucesión intestada ni acreditación legal que sustente su reclamo. Esta situación refuerza, según dijo, que no hay base para afirmar la pérdida de la propiedad del cementerio. “Hasta ahora nadie ha demostrado legalmente ser titular de ese derecho”, afirmó.

El presidente también denunció que publicaciones en redes sociales difundieron imágenes antiguas de familiares protestando frente al cementerio, generando alarma en la población. “Se está dañando la tranquilidad de los ciudadanos de Ica con noticias antojadizas”, aseguró.

Más allá de esta controversia, Ramos reveló que la beneficencia enfrenta serias limitaciones económicas, pues sostiene con recursos propios a más de 180 personas en programas sociales, entre ellos 32 adultos mayores, sin apoyo financiero del Gobierno Central. “Solo recibimos S/20 mil al mes para pagar personal administrativo nombrado, pero nada para la atención de quienes dependen de nosotros”, señaló.

Finalmente, hizo un llamado a la calma y garantizó que la administración del Cementerio General de Saraja continuará funcionando con normalidad. “No hay riesgo de desalojo ni de pérdida de este camposanto histórico”, puntualizó el presidente de la beneficencia.

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