La Subgerencia de Prevención de la Contraloría General de la República advirtió un hecho con indicio de irregularidad en la Municipalidad Distrital de Sunampe. El caso esta referido a las facultades brindadas a tres locadores ante el Sistema de Acreditación Electrónica de Responsables de la Administración Financiera (AERAF) autorizados para el gasto devengado, generando riesgo de afectar la adecuada gestión de pagos y destino de los fondos públicos.
Informe de Contraloría
El órgano de control revisó documentos proporcionados por la Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). También el Reporte del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) del clasificador presupuestal 2.3.29.11 “Locación de Servicios realizados por Persona Natural” correspondiente al ejercicio 2025 e identificó la acreditación a los locadores.
Según Contraloría permitir que los contratados bajo la modalidad de locación de servicios autoricen el Gasto Devengado debilita los controles de seguridad y pone en riesgo la confidencialidad de la información financiera registrada en el SIAF-SP. Otro factor es que impide la trazabilidad de responsabilidades, ya que, al tratarse de personas ajenas, que no forman parte de la estructura orgánica dejan a la entidad desprotegida ante irregularidades.
En el caso específico de Sunampe, del ejercicio 2025, se verificó que la municipalidad acreditó a tres locadores de servicios “como responsables de la autorización del Gasto Devengado en el AERAF, pese a que carecían de vínculo laboral y competencia orgánica para ejercer dicha función”. Agrega el órgano de control que la responsabilidad decae en los “funcionarios que permitieron o mantuvieron dicha acreditación”.
Los riesgos de esta situación para la municipalidad es que se autoricen Gastos Devengados sin la debida conformidad documental del área usuaria. Por tanto, la acreditación de locadores podría comprometer la correcta gestión de pagos y el destino de los fondos públicos. El hecho observado por Contraloría fue comunicado a la actual alcaldesa Martha Pachas a fin se adopten las acciones inmediatas.
EL DATO: La autorización del Gasto Devengado es una función propia de los puestos previstos en los instrumentos de gestión. Dejar esa labor a los locadores incrementa el riesgo de utilizar los recursos públicos de manera inadecuada.
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