La calle Nueva sigue sin ser de libre acceso peatonal y vehicular. Los muros colocados por la Universidad Privada de Ica, representada por Martín Campos, evitan el tránsito en esta zona y no solo eso, sino que además se presentó oposición a la orden judicial de lanzamiento y restitución aduciendo que el posesionario es la Universidad Autónoma de Ica. El denunciante Enrique Castilla Tasayco considera que esta es una maniobra para dilatar el proceso.
No retiran muros
Castilla el año pasado interpuso un recurso de habeas corpus contra la Universidad Privada de Ica. El ciudadano sostuvo que la colocación de los muros afectaba el libre tránsito para los chinchanos. La decisión del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria contenida en la resolución N°8 fue declarar fundada la demanda y ordenó a la citada casa superior que proceda con el retiro y demolición del muro colocado en la calle Nueva.
La representada de Campos respondió con un recurso de agravio constitucional, que se elevó a la Sala Penal de Apelaciones de Chincha. Por sentencia de vista emitida en resolución N° 12 de fecha cuatro de marzo de 2022, se declaró infundado aquel medio impugnativo y en consecuencia se confirmó la sentencia en primera instancia. Es decir, se reconocía que había afectación al derecho de libre tránsito por la colocación de los muros.
Tras esta decisión, el Juzgado dio inicio a la ejecución de la sentencia, emitiéndose la resolución N° 14, el 18 de mayo de este año, donde se requirió a Martín Campos representante legal de la Universidad Privada de Ica para que en el termino de 24 horas de notificado, proceda “de forma inmediata al retiro y demolición del muro que impide el libre tránsito en la calle Nueva”. Pero, esto hasta ahora no ocurre.
Y ahora se ha formulado oposición a la ejecución del mandato judicial y se aduce que el posesionario del área, ubicado en la calle San Carlos y Gerardo Sotelo, es la Universidad Autónoma de Ica, quien ha gestionado acciones judiciales de Prescripción Adquisitiva de Dominio y de Interdicto de Retener, ambas admitidas por el Juzgado Civil de Chincha.
Castilla fue comunicado sobre estos hechos y a través de su defensa legal sostiene que la universidad solo está tratando de dilatar el proceso.