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La Contraloría General detectó un perjuicio económico de S/ 119 mil 500 en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Pisco debido a irregularidades en el manejo de los ingresos obtenidos en los procesos de los exámenes de admisión realizados en los periodos del 2018 al 2022. Se identificó que cinco exfuncionarios y exservidores de la entidad tendrían presunta responsabilidad civil o administrativa.
Ellos son Jesús Miguel Ramos Cruz, Paula Miriam García Rojas, Luis Raymundo Mateo Medina, Gloria Marivel Gutiérrez Casas y Melva Merisa Aparcana García.
El informe señala que se aprobaron reglamentos de admisión e institucional, planillas de remuneraciones y autorización de pagos a integrantes de la comisión de admisión, subcomisiones integradas por docentes, personal administrativo y de apoyo del instituto, lo que según el marco legal no correspondía, puesto que los recursos recaudados debieron utilizarse para gastos operativos, mejoramiento de infraestructura, equipamiento y mobiliario de la institución.
Por estos hechos, se afectó el destino de los ingresos recaudados en los procesos de los exámenes de admisión, el funcionamiento de la administración pública y su sujeción a la disciplina presupuestal.
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